martes, 20 de octubre de 2026
 
 
     
El Senado debate la coparticipación federal, una deuda constitucional

La comisión de Coparticipación del Senado abre una ronda de expositores sobre un régimen que la Constitución manda reformar desde 1994.

El Senado de la Nación convoca hoy a una reunión informativa de la comisión de Coparticipación Federal de Impuestos, con expositores de diverso perfil técnico e institucional. El dato no es menor: se trata del mecanismo por el cual la Nación distribuye recursos hacia las provincias, un engranaje que define en la práctica quién gobierna con fondos e independencia real y quién depende del humor político del poder central. La Constitución Nacional reformada en 1994 estableció un plazo explícito para sancionar un nuevo régimen de coparticipación antes de que finalizara 1996. Ese mandato jamás se cumplió. Lo que rige hoy es una ley de 1988, anterior incluso a la propia reforma constitucional, lo que convierte al sistema en una anomalía jurídica de proporciones que ningún gobierno tuvo la voluntad política de corregir. La razón de esa parálisis no es técnica ni administrativa: es puramente política. Redistribuir la coparticipación implica que alguien gana y alguien pierde. Las provincias más pobladas, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, históricamente reciben menos de lo que aportan. Las más pequeñas reciben más. Cualquier reforma toca intereses concretos de gobernadores con peso electoral y capacidad de bloqueo legislativo. En el camino quedaron varios intentos de pacto fiscal, firmados con pompa y luego ignorados u directamente desarmados ante la primera crisis de caja. Los acuerdos de los noventa, los de la posconvertibilidad y los más recientes tuvieron en común una característica: fueron parches de emergencia, no reformas estructurales. El sistema de reparto siguió siendo opaco, discrecional y funcional al gobierno de turno. El contexto actual agrega tensión adicional. La administración de Javier Milei impulsó recortes de transferencias a provincias como parte de su programa de ajuste fiscal, lo que reavivó conflictos latentes con gobernadores de todo el espectro partidario. Buenos Aires fue el caso más resonante, con una disputa abierta por puntos de coparticipación que llegó incluso a la Corte Suprema. Ese litigio sigue sin resolución definitiva y pesa sobre cualquier debate legislativo. La reunión informativa de hoy no tiene poder resolutivo inmediato. Es, en rigor, una instancia de diagnóstico. Pero el solo hecho de convocarla en este momento político revela que el tema volvió a la superficie con fuerza suficiente como para que el Senado no pueda ignorarlo. Si derivará en un proyecto concreto u quedará como otro ejercicio declarativo es la pregunta que el historial de las últimas tres décadas invita a responder con escepticismo. Lo que el debate expone, más allá de sus resultados inmediatos, es una fractura estructural del federalismo argentino: el país tiene un diseño constitucional que nadie respeta y un sistema fiscal que nadie quiere tocar porque tocar implica gobernar con consecuencias reales. La coparticipación no es solo un problema técnico de índices y porcentajes. Es el espejo donde se refleja la dificultad del sistema político argentino para acordar reglas comunes cuando los intereses sectoriales pesan más que las instituciones.