viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
López bajo la lupa: pymes piden apartar al juez que lo absolvió

Dos agrupaciones empresariales piden analizar si el fallo absolutorio del juez Alejandro López configura mal desempeño y habilita su remoción.

El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) e impulsores de otro conjunto de pequeñas y medianas empresas presentaron pedidos formales para que se evalúe la destitución del juez Alejandro López, quien absolvió a un dirigente de Camioneros acusado de organizar un bloqueo contra una pyme. La ofensiva judicial abre un frente político de alta intensidad: por primera vez, el sector empresarial organizado intenta usar los mecanismos institucionales de remoción para revertir, por vía indirecta, un fallo que considera una capitulación del Poder Judicial ante el poder sindical. El fallo de López generó un malestar profundo en las cámaras empresariales que durante años denunciaron los bloqueos de Camioneros como una práctica extorsiva sistemática. Los bloqueos —cortes de acceso a plantas, depósitos u otras instalaciones ejecutados por sindicalistas para presionar en negociaciones paritarias u obtener el ingreso de afiliados— son una herramienta histórica del gremio conducido por Hugo Moyano, y representan una zona gris entre el derecho a huelga y la coacción ilegal. La decisión de ir por la remoción del magistrado no es un gesto espontáneo: es una estrategia deliberada que busca instalar jurisprudencia política. Si los pedidos prosperan, o incluso si generan un debate público sostenido, el mensaje hacia otros jueces es inequívoco: absolver conductas vinculadas a bloqueos tiene costos institucionales. El MEAB viene construyendo hace meses un andamiaje de presentaciones, relevamientos de casos e incidencia mediática para transformar el bloqueo sindical en una cuestión de agenda pública prioritaria. El contexto macropolítico es determinante. El gobierno de Javier Milei alimenta un clima ideológico hostil al poder sindical tradicional, lo que otorga oxígeno político a estas iniciativas empresariales. Sin embargo, la remoción de un juez exige recorrer un camino institucional largo e incierto: el jury de enjuiciamiento implica mayorías, tiempos y debates que escapan al calor de la coyuntura. El riesgo para el MEAB es que el proceso se diluya y el fallo de López consolide precedente. Camioneros, por su parte, interpreta estas presentaciones como una persecución política disfrazada de demanda judicial. La estrategia sindical históricamente fue resistir en los tribunales mientras mantenía intacta su capacidad de movilización. Una eventual remoción de López, o incluso un jury fallido, podría reforzar la narrativa gremial de que el establishment económico busca criminalizar la protesta sindical. Lo que está en disputa, en el fondo, es la definición misma del conflicto laboral en la Argentina. Si los bloqueos son huelga, el derecho constitucional los ampara. Si son coacción o extorsión, el Código Penal los persigue. Esa frontera nunca fue trazada con precisión por la Justicia argentina, y cada fallo absolutorio o condenatorio reactiva la controversia. López eligió un lado; las pymes quieren que ese lado tenga consecuencias. El episodio expone una tensión estructural del sistema político argentino: la dificultad de arbitrar entre derechos laborales colectivos y derechos económicos individuales sin que el resultado sea leído, inevitablemente, como una victoria política de uno de los dos campos. DATAPOLITICA seguirá el proceso de remoción como un indicador sensible del reequilibrio de poder entre sindicatos y sector empresarial en la era Milei.