viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
El DNU 70 sobrevive, pero el Gobierno queda atado a sus aliados

El oficialismo bloqueó el quórum opositor con apoyo judicial y gobernadores comprados con transferencias. Una victoria táctica con costo político alto.

El Gobierno de Javier Milei logró evitar que la oposición reuniera quórum en el Senado para derogar el DNU 70, el decreto de desregulación económica que constituye uno de los pilares simbólicos e institucionales de La Libertad Avanza. La maniobra combinó un fallo oportuno de la Corte Suprema, la neutralidad activa de gobernadores dialoguistas e incentivos fiscales concretos hacia sus provincias. El resultado es una victoria, sí, pero una victoria que expone más vulnerabilidades de las que oculta. El DNU 70 fue desde su lanzamiento, en diciembre de 2023, el instrumento más ambicioso e irritante del esquema libertario. Concentra más de 300 reformas estructurales dictadas por decreto, saltando al Congreso en un movimiento que tensó los límites constitucionales desde el primer día. Su supervivencia parlamentaria no dependió nunca de la fortaleza propia del oficialismo, sino de la aritmética fragmentada de una oposición incapaz de unificarse e de una Justicia que administró los tiempos con criterio propio. Los gobernadores que sostuvieron al Gobierno en esta instancia no lo hicieron por convicción ideológica ni por adhesión al proyecto libertario. Lo hicieron luego de negociaciones que incluyeron transferencias e habilitaciones presupuestarias hacia sus distritos. Ese esquema de gobernabilidad transaccional tiene un nombre preciso en la ciencia política argentina: es la misma lógica que el propio Milei juró destruir cuando llegó al poder. La dependencia de ese mecanismo es, en sí misma, una derrota simbólica del relato fundacional. El verdadero termómetro del poder legislativo oficialista no es el DNU 70, sino la eliminación de las PASO. Esa reforma electoral es la meta de mayor densidad política en el horizonte parlamentario del Gobierno, e implica remodelar las reglas de competencia antes de las elecciones de 2025. Para eso, La Libertad Avanza no tiene los votos, e incluso entre sus aliados circunstanciales la resistencia es notoria: los gobernadores que hoy negocian transferencias son los mismos que mañana necesitan internas para ordenar sus propias estructuras territoriales. La Corte Suprema jugó un rol que merece análisis separado. Su intervención en el timing del debate no fue neutral: habilitar u obstruir plazos en coyunturas como esta tiene efectos políticos directos, independientemente de la argumentación jurídica que los sostenga. El máximo tribunal argentino opera desde hace años en una zona gris entre la función jurisdiccional e la función política, e este episodio refuerza esa lectura. El Gobierno celebra el resultado, pero debería incomodarle la dependencia de ese factor. La oposición, por su parte, mostró una vez más su incapacidad estructural para construir mayorías sostenidas. Peronismo, radicalismo e izquierda comparten el rechazo al DNU, pero no comparten estrategia, conducción ni calendario. Esa fragmentación es el principal activo táctico con que cuenta el oficialismo en un Congreso donde es minoría. No es mérito propio: es herencia del adversario. El Gobierno zafó, como indica el lenguaje coloquial que describe con precisión su situación. Pero zafar no es gobernar, e sobrevivir en el Congreso mediante alianzas oportunistas e intervenciones judiciales no construye capital político acumulable. La pregunta relevante para los próximos meses no es si el DNU 70 sigue vigente, sino si el oficialismo tiene capacidad real de avanzar en su agenda legislativa u si quedará atrapado en una posición defensiva permanente.