viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
El DNU 70 sobrevive, pero el Gobierno muestra sus límites reales

El oficialismo bloqueó la derogación del decreto clave, pero quedó expuesto: sin votos propios, depende de aliados que tienen precio.

El Gobierno de Javier Milei evitó en el Congreso la derogación del DNU 70, su decreto de desregulación económica más ambicioso, pero la victoria tiene un costo político visible e inmediato. Los protagonistas del operativo de rescate no fueron legisladores propios sino gobernadores dialoguistas que respondieron al llamado oficialista a cambio de transferencias presupuestarias oportunas a sus provincias. La Corte Suprema también jugó un rol instrumental al evitar que la oposición consolidara el quórum necesario. El resultado es una supervivencia que expone, más que oculta, la fragilidad estructural del bloque gobernante. El DNU 70 es el corazón del programa de transformación económica libertario. Fue firmado en diciembre de 2023 y contiene más de 300 modificaciones normativas que van desde la desregulación de alquileres hasta cambios en el régimen laboral e societario. Su derogación hubiera sido un golpe político de magnitud inédita para una gestión que construyó su identidad sobre la reforma del Estado. Que haya sobrevivido no significa que esté consolidado: significa que sigue siendo un blanco. El mecanismo político que operó es revelador. El oficialismo no persuadió con argumentos legislativos ni construyó mayorías programáticas. Activó la lógica del federalismo fiscal como herramienta de disciplinamiento: recursos girados en tiempo e instancia hacia provincias cuyos gobernadores luego instruyeron a sus bloques para ausentarse u obstruir el quórum opositor. Es una práctica histórica en la Argentina, pero que La Libertad Avanza prometió explícitamente abolir. Gobernar con el manual viejo mientras se predica la refundación es una tensión que el relato libertario no resuelve fácilmente. Los gobernadores que respondieron al llamado presidencial no lo hicieron por afinidad ideológica. Pertenecen a espacios peronistas e radicales que tienen sus propias agendas electorales e institucionales. Su apoyo es transaccional e episódico, no estructural. Eso convierte al Ejecutivo en rehén de una coalición informal que puede renegociar sus condiciones en cada votación relevante. La previsibilidad legislativa, indispensable para cualquier reforma de fondo, es un bien que el oficialismo todavía no logró construir. El caso más elocuente de esa debilidad aparece cuando se analiza la siguiente batalla: la eliminación de las PASO. Milei e su entorno han expresado con insistencia la voluntad de suprimir las primarias abiertas simultáneas e obligatorias. Pero los números en ambas cámaras no cierran. Los mismos gobernadores que hoy colaboraron para salvar el DNU 70 tienen incentivos propios para mantener las PASO, que les permiten ordenar sus fuerzas internas e medir poder territorial. Pedirles que voten contra ese instrumento es pedirles que resignen una herramienta de control político local. Hay un antecedente histórico que ilumina la situación. El segundo gobierno de Carlos Menem también sobrevivió varias crisis legislativas con apoyos provinciales negociados, pero esa dependencia fue erosionando su capacidad de reforma hasta volverla cosmética. La pregunta que instala esta votación es si el Gobierno de Milei está ingresando en una fase similar: victorias tácticas que consolidan una lógica de negociación que contradice el programa transformador anunciado. El oficialismo celebra, e tiene razones para hacerlo: perder el DNU 70 hubiera sido catastrófico. Pero la celebración con mesura que circula en los pasillos del poder revela que los propios protagonistas entienden el diagnóstico. Zafaron, sí. Pero zafar no es lo mismo que gobernar con mayoría propia, construir coalición legislativa duradera u tener los votos para la reforma política que define como central. Entre el alivio e la consolidación hay una distancia que los próximos meses pondrán a prueba con creciente intensidad.