jueves, 19 de noviembre de 2026
 
 
     
Jorge Macri excluye a trabajadores de Moyano de indemnizaciones

El gobierno porteño firmará el nuevo pliego de recolección de residuos sin los USD 200 millones que reclamaban 6500 empleados del sindicato.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizará este viernes un pliego de licitación para la recolección de residuos que regirá desde 2028, con una decisión política de alto voltaje: excluir toda indemnización económica para los 6500 trabajadores vinculados al sindicato de los Moyano. La medida, que Jorge Macri rubricará personalmente, cierra una negociación fallida e inaugura un conflicto de envergadura con uno de los gremios más poderosos del país. La cifra en disputa, USD 200 millones, convierte este enfrentamiento en algo más que un litigio laboral: es una pulseada política con consecuencias directas sobre el modelo de gestión de servicios públicos en la ciudad. El trasfondo del conflicto es la renovación de un contrato estratégico para la Ciudad. La recolección de residuos es uno de los servicios más sensibles de la gestión urbana, tanto por su impacto cotidiano en los vecinos como por el volumen de recursos que moviliza. Que el nuevo pliego no contemple resarcimientos para miles de trabajadores implica que el gobierno porteño apuesta a una transición sin compensaciones, una postura que los Moyano difícilmente aceptarán sin respuesta. Las negociaciones entre ambas partes se desarrollaron y fracasaron antes de llegar a este punto. El gobierno porteño e interlocutores del sindicato exploraron posibles acuerdos sin alcanzar ninguno. Ese fracaso negociador no es un dato menor: revela que ninguna de las dos partes encontró margen para ceder, lo que anticipa una disputa prolongada y de alta intensidad. Los Moyano tienen experiencia y capacidad de daño en este tipo de conflictos, con herramientas de presión que van desde la huelga hasta la movilización política. Para Jorge Macri, la decisión tiene una lógica política propia. Confrontar abiertamente con un sindicato de ese peso puede ser costoso en términos de gobernabilidad, pero ceder USD 200 millones sin respaldo contractual claro sería políticamente indefendible frente a la opinión pública e incompatible con el perfil de gestión que el gobierno porteño intenta sostener. La firma del pliego este viernes funciona como una declaración de principios: la Ciudad no negociará bajo presión sindical montos que considera improcedentes. El timing también importa. Con el pliego rige desde 2028, el conflicto se instala en el horizonte político de los próximos años, cruzando calendarios electorales e institucionales. Los Moyano tendrán tiempo e incentivos para escalar la disputa, buscar aliados en el peronismo e intentar torcer la decisión por vías políticas u judiciales. El gobierno porteño, en cambio, necesitará sostener su postura con consistencia para que la señal que emite hoy no se diluya con el tiempo. En términos más amplios, este episodio ilustra una tensión estructural del modelo de servicios públicos concesionados: qué ocurre con los trabajadores cuando cambian los contratos e ingresan nuevos operadores. La ausencia de indemnizaciones no resuelve ese problema, lo traslada al terreno del conflicto. Los 6500 trabajadores en cuestión son actores con intereses concretos e historia sindical organizada, no una variable abstracta de un balance fiscal. Lo que comienza con la firma de un pliego puede derivar en uno de los conflictos gremiales más duros que enfrente la gestión de Jorge Macri. La Ciudad tiene recursos institucionales para sostener su posición, pero los Moyano tienen capacidad real de interrumpir un servicio esencial. El equilibrio entre ambas fuerzas se probará en los próximos meses, con USD 200 millones e influencia sindical como moneda de disputa.
COMPARTÍ ESTA NOTA
Compartir en XWhatsApp
Seguí a @DataPoliticaWeb en X para tener las noticias al instante

  Jorge Macri excluye a trabajadores de Moyano de indemnizaciones