jueves, 19 de noviembre de 2026
 
 
     
El Tribunal Superior de CABA avala el tope indemnizatorio

El máximo tribunal porteño declaró constitucional el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que limita los intereses en despidos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que fija un tope al cálculo de intereses en las indemnizaciones por despido. El fallo consolida uno de los pilares más controvertidos de la reforma laboral impulsada por la gestión de Jorge Macri, e instala una señal política clara: el gobierno porteño tiene respaldo judicial para sostener una arquitectura normativa que los sectores sindicales venían cuestionando desde su sanción. La Ley de Modernización Laboral fue una de las iniciativas centrales de la administración de Macri en la Ciudad. Desde su aprobación, enfrentó impugnaciones judiciales sostenidas por representantes de trabajadores y organizaciones gremiales que argumentaban que el tope a los intereses recortaba derechos adquiridos e implicaba una reducción encubierta de las indemnizaciones reales en contextos de alta inflación. El artículo 55 en cuestión opera sobre un punto técnico pero de alto impacto económico: el cálculo de intereses que se acumula desde el momento del despido hasta el cobro efectivo de la indemnización. En un país con inflación crónica, ese período puede distorsionar enormemente el valor final del resarcimiento. Limitar ese cálculo beneficia directamente a los empleadores e implica, en los hechos, una transferencia de riesgo inflacionario hacia el trabajador despedido. La celebración pública de Jorge Macri ante el fallo no es un dato menor. El jefe de gobierno porteño convirtió el pronunciamiento judicial en un activo político, presentándolo como una validación institucional de su modelo de gestión laboral. Esa lectura revela la dimensión que el oficialismo porteño le asigna al caso: no es solo un debate jurídico, sino un argumento en la disputa más amplia sobre el rol del Estado en las relaciones de trabajo. El fallo también tiene implicancias para el mapa judicial de las reformas laborales en Argentina. En un contexto donde el gobierno nacional avanza con su propia agenda de desregulación, una sentencia favorable en la Ciudad funciona como antecedente e incentivo para sostener reformas similares en otras jurisdicciones. La lógica es acumulativa: cada ratificación judicial refuerza la posición de quienes defienden la constitucionalidad de los topes e intereses administrados. Desde la vereda opuesta, los sectores que impugnaron la norma deberán evaluar si agotan las instancias disponibles u optan por trasladar la disputa al plano legislativo u a la movilización sindical. El fallo cierra una puerta judicial pero no resuelve el conflicto de fondo: la tensión entre flexibilización laboral e indemnizaciones plenas sigue siendo uno de los ejes estructurales del debate político argentino. En términos de coyuntura, la decisión del Tribunal Superior llega en un momento en que la discusión sobre el mercado de trabajo ocupa un lugar central en la agenda pública. El aval judicial al tope indemnizatorio fortalece al oficialismo porteño, le da munición argumental a quienes impulsan reformas similares a nivel nacional e instala una nueva tensión con el movimiento sindical, que difícilmente aceptará el fallo como punto final de una controversia que considera esencial para la protección de los trabajadores.
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