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| miércoles, 11 de noviembre de 2026 |
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La Cámara Federal acelera el juicio por el atentado a la AMIA
Una audiencia clave el 24 de noviembre definirá si se confirman los procesamientos de iraníes y libaneses con embargos de US$ 500 millones.
La Cámara Federal analiza si confirma los procesamientos dictados por el juez Rafecas contra ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA, con embargos individuales de US$ 500 millones. La decisión es determinante: si los procesamientos se ratifican, el juicio en ausencia podría comenzar a mediados del año próximo. Entre los acusados figura un ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que convierte al expediente en un frente diplomático además de judicial.
El defensor oficial cuestionó la resolución de Rafecas, lo que motivó la convocatoria a una audiencia para el 24 de noviembre. Ese planteo defensor es el último escollo procesal antes de que la causa entre en una fase nueva e irreversible. La figura del juicio en ausencia, prevista para cuando los imputados no pueden ser extraditados, es el mecanismo que Argentina activó ante la negativa sistemática de Irán de cooperar con la justicia local.
El régimen iraní sigue el expediente con preocupación creciente. Un juicio en ausencia con sentencia firme tendría consecuencias políticas e internacionales para Teherán, ya que consolidaría jurídicamente la responsabilidad estatal iraní en el peor atentado terrorista de la historia argentina. Esa perspectiva explica la presión diplomática que el régimen ejerció históricamente sobre distintos gobiernos argentinos para frenar o desviar la causa.
La causa AMIA acumula más de tres décadas de parálisis, desvíos e interferencias políticas. El memorándum firmado en 2013 con Irán bajo la gestión kirchnerista fue el episodio más controvertido: un acuerdo que la justicia argentina consideró un intento de impunidad y que derivó en el procesamiento de funcionarios de aquel gobierno. Ese antecedente pesa sobre cualquier lectura política del avance actual.
El contexto regional e internacional también importa. La causa avanza en un momento en que las relaciones entre Argentina e Irán están en su punto más bajo en años, lo que reduce los costos diplomáticos de profundizar la persecución judicial. El gobierno actual no tiene incentivos para moderar el expediente e, al contrario, el avance judicial le aporta una narrativa de reparación histórica hacia la comunidad judía y hacia las víctimas.
Los embargos de US$ 500 millones por acusado son una señal de la magnitud que el juez Rafecas asignó al caso. Esa cifra no es solo simbólica: es un instrumento jurídico que busca afectar patrimonios en jurisdicciones donde los acusados puedan tener bienes. La efectividad real de esos embargos es limitada, pero su existencia refuerza la presión política sobre Irán e instala el debate en foros internacionales.
La audiencia del 24 de noviembre será un termómetro del estado real de la causa. Si la Cámara confirma los procesamientos, Argentina habrá dado el paso más concreto en décadas hacia un juicio efectivo por la AMIA. Si los revoca u ordena correcciones, el expediente volverá a foja cero en su etapa más sensible. La comunidad de víctimas, que esperó más de treinta años, observa ese proceso como la última oportunidad real de que la justicia argentina llegue a un veredicto.Más noticias de Datapolítica
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