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| sábado, 7 de noviembre de 2026 |
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Adorni: fiscal descarta enriquecimiento pero pide investigar evasión
El fiscal Pollicita cerró una puerta judicial al vocero presidencial pero abrió otra: pidió investigarlo por posible evasión impositiva.
El fiscal Pollicita resolvió no acusar al vocero presidencial Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, al considerar que los elementos reunidos en la investigación no alcanzan para sostener ese cargo. Sin embargo, la decisión no implica un cierre del expediente: el mismo fiscal impulsó una nueva línea de pesquisa centrada en una posible evasión fiscal, lo que mantiene a Adorni bajo la lupa de la justicia federal. Para el Gobierno, la noticia tiene una doble lectura: alivio parcial para una figura clave de la comunicación oficial, con una amenaza judicial que persiste.
Adonri ocupa un lugar singular en la arquitectura del poder libertario. Como vocero presidencial, es la cara pública cotidiana de la Casa Rosada y uno de los funcionarios con mayor exposición mediática del gabinete. Una condena o procesamiento por delitos contra la administración pública tendría un costo político directo para Javier Milei, en un contexto en que el Gobierno sostiene como bandera central la transparencia y la lucha contra la corrupción.
La distinción que trazó Pollicita entre enriquecimiento ilícito y evasión no es menor desde el punto de vista jurídico y político. El enriquecimiento ilícito implica demostrar un incremento patrimonial injustificado en el ejercicio de la función pública. La evasión, en cambio, remite a obligaciones impositivas previas o paralelas al cargo. Son figuras distintas, con consecuencias penales diferentes y con distintos niveles de impacto reputacional sobre un funcionario.
El pedido de investigación por evasión abre un flanco que el oficialismo no puede cerrar por vía política. La justicia federal actúa con autonomía formal del Ejecutivo, y cualquier intento de interferencia generaría un costo mayor que el problema original. El Gobierno deberá sostener a Adorni en funciones mientras la causa avanza, lo que convierte cada aparición pública del vocero en un recordatorio implícito del expediente abierto.
En términos de coyuntura, el caso Adorni se inscribe en un patrón más amplio: la judicialización de funcionarios del Ejecutivo como herramienta de presión política. La oposición tiene incentivos para mantener vivo el expediente en el debate público, independientemente de su resolución final. La línea entre la denuncia legítima y el uso político de la justicia es, en Argentina, históricamente porosa.
El resultado del proceso determinará si esta causa queda como un episodio menor en la gestión libertaria u escala hasta convertirse en un problema de gobernabilidad. Por ahora, Pollicita dejó en pie una investigación que el Gobierno hubiera preferido ver cerrada del todo. La evasión, si se confirma, no es un delito menor: tiene penas privativas de la libertad y un peso simbólico considerable en un funcionario que representa la voz oficial del Estado.Más noticias de Datapolítica
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