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| martes, 3 de noviembre de 2026 |
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Rechazaron la probation al ex comisario que alertó a sospechosos
El jefe de seguridad de Nordelta avisó a los imputados que serían allanados y permitió que uno escapara. Podría recibir hasta 6 años de prisión.
La jueza Sandra Arroyo Salgado negó la probation al ex comisario y jefe de seguridad del barrio privado Nordelta acusado de obstaculizar allanamientos en el marco de la causa ANDIS, el expediente que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La decisión judicial cierra una salida procesal que hubiera permitido al imputado evitar el juicio oral e implica que la magistrada considera que los hechos son lo suficientemente graves como para ir a un debate pleno, con posibilidad de condena de hasta seis años.
El caso expone una trama que va más allá de la obstaculización procesal: un ex funcionario de las fuerzas de seguridad, con acceso a información policial sensible, habría utilizado ese capital para beneficiar a los hermanos Kovalivker, señalados en la causa principal. Según las pruebas incorporadas al expediente, el acusado los alertó sobre los operativos en curso e incluso facilitó la fuga de uno de ellos antes de que la Policía pudiera ejecutar el allanamiento.
El vínculo entre un ex comisario e imputados en una causa de corrupción estatal no es un dato menor en términos político-institucionales. Señala cómo redes informales que cruzan el sector privado de seguridad con estructuras policiales pueden operar activamente para proteger intereses en causas judiciales de alto perfil. Nordelta, el megaemprendimiento inmobiliario de Tigre, funciona como ecosistema con lógica propia, donde el acceso a información privilegiada tiene valor concreto.
La causa ANDIS viene acumulando ramificaciones desde que comenzaron a conocerse irregularidades en la asignación de certificados e insumos de discapacidad. Lo que empezó como una investigación sobre posibles fraudes administrativos derivó en una trama con múltiples imputados, movimientos de dinero e, ahora, indicios de interferencia activa en el proceso judicial. La decisión de Arroyo Salgado de rechazar la probation refuerza la hipótesis de que hay actores interesados en frenar el avance del expediente.
Desde una perspectiva analítica, la figura del ex comisario reconvertido en jefe de seguridad privada de un country ilustra un fenómeno estructural argentino: la porosidad entre las fuerzas de seguridad retiradas e intereses privados de alto poder adquisitivo. Esa inserción laboral no es inocente ni neutral; implica el traslado de contactos, códigos e información institucional hacia ámbitos donde el control democrático es prácticamente nulo.
Arroyo Salgado tiene un historial de intervenciones en causas políticamente sensibles e, aunque el caso ANDIS no tiene por ahora el nivel de exposición pública de otros expedientes, la negativa a la probation lo reinstala en la agenda judicial. La decisión también manda una señal hacia otros actores periféricos de la causa: la magistrada no está dispuesta a permitir salidas procesales rápidas para quienes hayan interferido activamente en la investigación.
El rechazo de la probation no define aún el resultado del proceso, pero condiciona la estrategia de la defensa e incrementa la presión sobre el imputado. Con hasta seis años de prisión en juego e imposibilidad de una salida alternativa por ahora, el ex comisario enfrenta un escenario judicial de máxima exposición. Lo que sigue siendo una incógnita es si su caso abrirá nuevas líneas de investigación sobre cómo opera la red de protección informal que rodea a los imputados centrales del caso ANDIS.Más noticias de Datapolítica
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