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| martes, 3 de noviembre de 2026 |
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El Congreso debate si los abusos a menores deben prescribir
Legisladores impulsan que los delitos sexuales contra niños y adolescentes no tengan límite de tiempo para ser juzgados.
El Congreso argentino avanza en el debate de una reforma legal que eliminaría la prescripción de los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad. La iniciativa, impulsada por legisladores de distintos bloques, plantea que las víctimas puedan acceder a la Justicia en cualquier momento de su vida adulta, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el hecho. Se trata de una discusión que trasciende lo jurídico e instala una pregunta política incómoda: hasta dónde el Estado está dispuesto a revisar sus propios mecanismos de impunidad.
El derecho penal argentino fija plazos de prescripción que, en los casos de abuso sexual infantil, empiezan a correr desde el momento del delito e incluso desde que la víctima alcanza la mayoría de edad, según la interpretación judicial vigente. Ese esquema fue cuestionado durante años por organizaciones de derechos humanos, especialistas en infancia y sobrevivientes que señalaron que el trauma psicológico impide, en muchos casos, que las víctimas puedan denunciar en esos plazos acotados.
La reforma propuesta se inscribe en una tendencia global que varios países de Europa y América Latina ya adoptaron. Francia, España e incluso Chile ampliaron los plazos o directamente eliminaron la prescripción para este tipo de delitos, reconociendo la especificidad del daño que producen los abusos en la infancia. Argentina llega tarde a ese debate, lo cual no es casual: la resistencia histórica de sectores conservadores del sistema judicial y de algunos bloques legislativos frenó iniciativas similares en años anteriores.
El impulso actual tiene un componente político que no puede ignorarse. El oficialismo de Javier Milei enfrenta la presión de mostrarse activo en agendas que generan consenso social amplio, mientras la oposición busca terreno legislativo donde marcar diferencia. La imprescriptibilidad de los abusos infantiles ofrece ese raro escenario donde la grieta ideológica se estrecha, aunque las tensiones reaparecen en los detalles técnicos: retroactividad, garantías del debido proceso y el alcance exacto de la norma.
El debate de fondo no es solo jurídico sino filosófico y político. Eliminar la prescripción implica asumir que hay delitos cuyo daño es tan estructural que el tiempo no los borra ni los atenúa. Esa posición choca con una tradición garantista que advierte sobre los riesgos de juzgar hechos muy antiguos con pruebas degradadas e imputados que tal vez no puedan defenderse con igualdad. La tensión entre justicia para las víctimas y garantías para los acusados es real e irreducible, y el Congreso deberá resolverla con precisión técnica.
Lo que está en juego, en última instancia, es la credibilidad del sistema institucional ante un tipo de violencia que la sociedad argentina reconoce como sistémica e históricamente silenciada. Cada vez que una ley de este tipo se frena o se diluye en comisiones, el mensaje implícito es que el Estado prioriza sus propios límites procedimentales por sobre el acceso a la justicia de quienes fueron vulnerados siendo niños. El Congreso tiene ahora una oportunidad concreta de revertir esa señal.Más noticias de Datapolítica
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