martes, 27 de octubre de 2026
 
 
     
Argentina perdió 155.000 empleos formales en un año de ajuste

Un informe de la UBA revela 14 meses consecutivos de caída del empleo registrado y un salario mínimo en su nivel histórico más bajo.

La destrucción de empleo formal en la Argentina no es un dato técnico menor: es el termómetro más crudo del costo social que tiene el programa económico de Javier Milei. Según un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires, en los últimos doce meses se perdieron 155.000 puestos de trabajo registrados, con 14 meses consecutivos de caída. Esa cifra no es solo un número: representa familias que perdieron acceso a obra social, a aportes jubilatorios, a estabilidad. El dato político es tan relevante como el económico. El contexto en el que se produce esta caída es el de un ajuste fiscal de magnitud histórica. El gobierno nacional redujo el gasto público de manera acelerada desde diciembre de 2023, con el argumento de que el equilibrio presupuestario era condición necesaria para estabilizar la economía. El empleo formal, sin embargo, no responde a los mismos tiempos que los indicadores macroeconómicos que el oficialismo exhibe como logros: la baja de la inflación convive con la destrucción de trabajo registrado. El salario mínimo vital y móvil se ubica en su piso histórico en términos reales. Eso significa que quienes perciben ese ingreso de referencia tienen hoy menos poder de compra que en cualquier otro momento desde que el indicador existe. La licuación salarial fue una de las herramientas centrales del ajuste: al no actualizar ingresos al ritmo de la inflación acumulada en 2024, el gobierno redujo el costo laboral para el Estado e indirectamente habilitó esa lógica en el sector privado. La caída del empleo formal tiene una geografía y una composición que importa analizar. El sector de la construcción, históricamente sensible a la inversión pública, fue uno de los más afectados por la parálisis de la obra pública. La industria manufacturera también registró pérdidas, en un contexto de apertura importadora y caída del consumo interno. El empleo en el Estado nacional, por su parte, se contrajo por las políticas de no renovación de contratos y reducción de organismos. Desde la oposición, tanto el peronismo como sectores del radicalismo utilizaron estos datos para reforzar la narrativa de que el modelo libertario redistribuye hacia arriba: consolida ganancias financieras mientras deteriora las condiciones laborales de los trabajadores formales. El gobierno, en cambio, sostiene que el empleo informal es el verdadero problema estructural y que la formalización vendrá como consecuencia del crecimiento privado. Esa apuesta aún no muestra resultados verificables. El dato de los 14 meses consecutivos de caída tiene una dimensión política adicional: supera en duración la crisis de empleo registrada durante la pandemia de 2020. En aquel momento, la destrucción fue más abrupta pero también más breve y asociada a una causa externa. La caída actual es sostenida, endógena y producto de decisiones de política económica deliberadas. Eso la hace más difícil de justificar electoralmente a medida que se acercan los comicios legislativos. El desafío para el gobierno es que la recuperación del empleo formal, incluso si comenzara hoy, demora entre seis y ocho meses en hacerse visible en las estadísticas. Con elecciones legislativas en el horizonte de 2025, el margen para revertir la percepción social sobre el mercado laboral es estrecho. La pregunta que organiza el debate político argentino de los próximos meses es si el electorado que sostuvo a Milei en 2023 está dispuesto a esperar más, u si el costo en empleo y salarios empieza a erosionar ese apoyo de manera irreversible.