martes, 27 de octubre de 2026
 
 
     
Congreso limita venta de tierras rurales a extranjeros

El oficialismo busca dictaminar esta semana un proyecto que restituye restricciones a la compra de campo por parte de no residentes.

El bloque oficialista en el Congreso avanza para emitir dictamen sobre un proyecto que restituye el límite legal a la venta de tierras rurales a extranjeros, una norma que regula uno de los activos estratégicos más sensibles del país. La iniciativa reactiva un debate que en Argentina nunca se cerró del todo: quién puede ser dueño del territorio productivo y bajo qué condiciones el Estado interviene para regularlo. El movimiento legislativo no es técnico sino político, y llega en un contexto de tensión entre el modelo de apertura económica del gobierno e intereses vinculados a la soberanía territorial. La regulación de tierras rurales tiene antecedentes concretos en la ley 26.737, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, que fijó un tope del quince por ciento del territorio nacional en manos extranjeras e impuso límites por provincia e individuo. Esa norma fue resistida por sectores del agro e ignorada en su aplicación durante gobiernos posteriores. El proyecto actual busca reponer esos límites o actualizarlos, lo que implica revisar un esquema que quedó desdibujado en los últimos años. El oficialismo presenta la medida como una política de soberanía, pero el timing legislativo revela también una lógica de acumulación política. Dictaminar esta semana significa forzar el debate antes de que el calendario electoral de 2027 consuma toda la energía parlamentaria. La tierra rural como tema tiene alto rendimiento simbólico: une a sectores nacionalistas con preocupaciones ambientales e intereses de productores medianos que compiten con grandes fondos de inversión extranjeros. Los actores en tensión son múltiples. Por un lado, los bloques opositores con perfil liberal resisten cualquier restricción a la inversión extranjera en el agro, argumentando que limitar la compra de tierras espanta capitales en un momento en que Argentina necesita divisas. Por otro, sectores del peronismo e incluso aliados circunstanciales del oficialismo ven en la norma una herramienta de control sobre un recurso no renovable que el mercado solo no puede administrar. El debate de fondo excede la coyuntura parlamentaria. Argentina tiene una superficie rural enorme e históricamente subregulada en términos de propiedad. La concentración de tierras en manos de fondos extranjeros creció en las últimas dos décadas sin que ningún gobierno aplicara con rigor los límites existentes. Restituir el tope legal es un paso, pero sin mecanismos de fiscalización reales el proyecto corre el riesgo de repetir la historia de una norma que existe en el papel e impacta poco en la realidad. Para el oficialismo, lograr el dictamen esta semana es en sí mismo una señal. Demuestra capacidad de conducción legislativa e instala un tema que desplaza la agenda hacia un terreno donde la oposición liberal queda expuesta ante la opinión pública. En un año donde la economía sigue siendo el principal problema de los argentinos, anclar parte del debate en la protección del territorio nacional es una operación política calculada. Lo que resta ver es si el proyecto alcanza los votos para convertirse en ley e, igualmente importante, si el Ejecutivo está dispuesto a dotarlo de los instrumentos administrativos necesarios para que no sea letra muerta. La historia reciente de la regulación de tierras en Argentina muestra que la distancia entre la norma sancionada y su aplicación efectiva puede ser tan grande como el territorio que se pretende proteger.