sábado, 24 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno cedió en discapacidad y abrió un agujero fiscal

Hacienda reconoció que las modificaciones aceptadas en la ley de Discapacidad son incompatibles con el presupuesto oficial enviado al Congreso.

El oficialismo aceptó todos los cambios que la oposición —incluyendo el peronismo— introdujo en la ley de Discapacidad, y el resultado fue una contradicción abierta con el propio proyecto de presupuesto que el Ejecutivo había enviado al Congreso. El secretario de Hacienda lo reconoció sin rodeos: las nuevas disposiciones no encajan con los números que el Gobierno defendió durante semanas. La concesión legislativa, leída en clave política, revela una debilidad negociadora que el oficialismo no puede disimular con retórica fiscal. El contexto es decisivo para entender la magnitud del problema. El Gobierno de Javier Milei construyó su capital político sobre una promesa central: el equilibrio fiscal es innegociable. Cada vez que cedió en el Congreso, buscó que esa cesión tuviera costo presupuestario cero u obtuviera compensación en otro ítem. Esta vez no ocurrió ninguna de las dos cosas. Las modificaciones en discapacidad implican erogaciones adicionales que no estaban contempladas, y Hacienda no presentó ningún mecanismo de financiamiento alternativo. La participación del peronismo en el bloque opositor que impuso los cambios agrega una dimensión estratégica relevante. El kirchnerismo y sus aliados encontraron en la política de discapacidad un terreno donde el costo político de resistir era demasiado alto para el oficialismo. Votar en contra de ampliaciones de derechos para personas con discapacidad en un año electoral es una posición que ningún sector del oficialismo estaba dispuesto a asumir públicamente. La oposición explotó esa asimetría con eficacia. El flanco fiscal abierto no es menor en términos de credibilidad. Los mercados y los organismos internacionales observan cada desvío presupuestario como una señal sobre la solidez del programa económico. Una incompatibilidad reconocida por el propio secretario de Hacienda alimenta dudas sobre la consistencia del proyecto de ley de presupuesto en su conjunto, e instala la pregunta sobre cuántos otros artículos tienen tensiones similares que aún no emergieron públicamente. Desde el punto de vista institucional, el episodio expone una dinámica que se repite: el Ejecutivo envía un proyecto, el Congreso lo modifica con costos fiscales, y el Ejecutivo carece de mayoría para revertir esos cambios u de voluntad política para vetar disposiciones socialmente sensibles. Ese círculo genera una presión acumulativa sobre el presupuesto que ningún ajuste puntual resuelve estructuralmente. Para el oficialismo, el problema no es solo contable. Es narrativo. La imagen de un secretario de Hacienda admitiendo una incompatibilidad fiscal en público erosiona el relato de control absoluto sobre las cuentas públicas que el Gobierno cultivó desde el inicio de la gestión. Esa narrativa fue, hasta ahora, uno de sus activos políticos más sólidos ante la opinión pública y ante los acreedores externos. El episodio anticipa un escenario legislativo más complejo hacia adelante. Si la oposición aprendió que puede imponer modificaciones con costo fiscal en áreas de alta sensibilidad social sin que el Gobierno las rechace, ese manual de operación se replicará. El presupuesto 2027 ingresa así a la discusión parlamentaria con un precedente incómodo: el propio Ejecutivo acaba de demostrar que sus líneas rojas fiscales tienen excepciones cuando la presión política es suficientemente intensa.