miércoles, 18 de noviembre de 2026
 
 
     
Secretaria de Energía, denunciada por habilitar firma sancionada

Un fiscal anticorrupción acusó en Comodoro Py a la secretaria de Energía de Milei de autorizar a una empresa ligada a operaciones en Malvinas.

Un fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal contra la secretaria de Energía del gobierno de Javier Milei, Tettamanti, e incluyó también a su antecesor en el cargo. La acusación sostiene que ambos funcionarios habilitaron la operación en el país de una empresa continuadora de una firma británica que estaba inhabilitada por sus actividades vinculadas a las Islas Malvinas. El caso instala una tensión inédita dentro del propio esquema de gobierno libertario: la denuncia no proviene de la oposición sino del aparato del Estado. La firma en cuestión habría recibido autorización para operar pese a ser la continuadora legal de una empresa sancionada, lo que en términos jurídicos implica que la inhabilitación debería haberla alcanzado de manera directa. El elemento más llamativo del expediente es la aparición de una cláusula denominada "Condición del Perdón Argentino", cuya existencia en documentación oficial sugiere que hubo conciencia institucional de los antecedentes de la empresa al momento de autorizar su actividad. El dato político central es que la denuncia compromete a dos funcionarios consecutivos del mismo espacio, lo que descarta la hipótesis de un error aislado e individual. Si la autorización fue otorgada por dos secretarios de Energía de gestiones contiguas del mismo gobierno, el patrón remite a una decisión de política energética con respaldo institucional, no a una irregularidad puntual. El gobierno de Milei ha sostenido un discurso de reivindicación soberana sobre Malvinas en el plano retórico, pero simultáneamente ha profundizado la apertura económica al capital extranjero, incluido el británico, en sectores estratégicos como la energía. Esta contradicción entre el relato nacionalista e identitario y las decisiones concretas de la administración económica no es nueva en la historia argentina, pero adquiere una dimensión particular cuando el señalamiento proviene de un organismo del propio Estado. La PIA es una procuraduría especializada con autonomía funcional dentro del Ministerio Público Fiscal. Su intervención en este caso implica que el expediente tiene sustento técnico suficiente como para ser judicializado en Comodoro Py, el fuero federal donde se tramitan causas de corrupción de alto perfil. El peso institucional de la denuncia es, por lo tanto, considerablemente mayor que una presentación opositora. Para Tettamanti, el impacto inmediato es quedar expuesta en la escena judicial en un momento en que el gobierno enfrenta creciente escrutinio sobre sus vínculos con sectores empresariales. Para el Ejecutivo, el problema es más estructural: una acusación de este tipo refuerza la narrativa de que la desregulación energética de la gestión avanza sin los controles institucionales necesarios.
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