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| lunes, 16 de noviembre de 2026 |
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Adorni: el fiscal avaló su explicación de ganancias con bitcoin
Pollicita aceptó la versión del exfuncionario sin poder verificarla ni refutarla, lo que genera dudas sobre la eficacia del delito de enriquecimiento ilícito.
El fiscal Pollicita decidió no avanzar penalmente contra el exfuncionario Adorni luego de que este atribuyera el crecimiento de su patrimonio a ganancias obtenidas con bitcoins. La decisión abre un debate jurídico e institucional de fondo: si el Estado no puede probar ni refutar una explicación patrimonial, el delito de enriquecimiento ilícito pierde gran parte de su poder disuasivo. No se trata solo de un caso individual, sino de un precedente con consecuencias directas sobre cómo la justicia argentina puede —u no puede— investigar a funcionarios públicos.
El enriquecimiento ilícito es un delito que históricamente operó sobre una lógica de carga probatoria invertida: el funcionario debe justificar el origen de su patrimonio. Sin embargo, la lógica que aplicó Pollicita invierte esa inversión: ante la imposibilidad técnica de rastrear operaciones en criptomonedas no declaradas o de difícil trazabilidad, el fiscal optó por dar por válida la explicación. Esa decisión, aunque procesalmente discutible, refleja una limitación real del sistema de control patrimonial del Estado.
Los especialistas consultados en el artículo original expresaron críticas directas al criterio utilizado. El problema no es solo jurídico: es político. Si cualquier exfuncionario puede escudarse en operaciones con activos digitales para justificar incrementos patrimoniales, el mecanismo penal diseñado para combatir la corrupción queda vaciado de contenido práctico. La opacidad inherente a ciertas criptomonedas se convierte así en un escudo legal.
El caso Adorni llega en un contexto en que el gobierno de La Libertad Avanza construyó parte de su identidad pública sobre la promesa de transparencia e independencia respecto de las prácticas de la política tradicional. Que un exfuncionario propio quede desvinculado de una causa por razones que los especialistas cuestionan genera una tensión política que el oficialismo deberá administrar. La narrativa anticorrupción que el espacio impulsó puede verse erosionada si la ciudadanía percibe que los mecanismos de control no aplican con igual rigor a los propios.
Desde una perspectiva institucional más amplia, el episodio expone el retraso del marco normativo argentino frente a la economía digital. Las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos no contemplan con precisión suficiente los activos en criptomonedas, e incluso cuando los contemplan, la verificación resulta técnicamente compleja para los organismos de control. Esa brecha regulatoria es una vulnerabilidad estructural que este caso vuelve visible.
El debate que se abre no es menor: o el Congreso actualiza la legislación para incluir criterios específicos sobre activos digitales en el delito de enriquecimiento ilícito, o ese tipo penal perderá eficacia progresivamente a medida que más funcionarios adopten estrategias patrimoniales basadas en instrumentos de difícil rastreo. La pelota queda en la cancha legislativa e institucional, no solo en la judicial.
En términos de coyuntura, la resolución del fiscal no cierra el debate sino que lo inaugura. Las críticas de los especialistas instalan una presión técnica sobre el Ministerio Público e indirectamente sobre el Poder Ejecutivo. El caso Adorni puede transformarse en el disparador de una discusión más amplia sobre los límites reales del control de la corrupción en Argentina e incluso sobre la necesidad de rediseñar los instrumentos de fiscalización patrimonial para la era digital.Más noticias de Datapolítica
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