  |
| sábado, 14 de noviembre de 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
El Gobierno presiona para suspender las PASO en 2027
La Casa Rosada necesita la media sanción en diciembre y mira con recelo el accionar de Patricia Bullrich en el bloque.
El oficialismo enfrenta una carrera contra el reloj legislativo: la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retoma el debate sobre la reforma electoral con un objetivo concreto del Gobierno, que es obtener la media sanción para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias antes de que termine diciembre. La urgencia no es casual ni administrativa: detrás de los plazos hay una disputa de poder sobre quién controla las reglas del juego electoral de cara a 2027.
Las PASO funcionan históricamente como un primer filtro que ordena las coaliciones e impone costos políticos a los oficialismos que no logran disciplinar a sus propios candidatos. Para La Libertad Avanza, que llega a su primera elección legislativa de medio término con una estructura partidaria todavía en construcción, la eliminación de esa instancia reduce riesgos de fragmentación interna e impide que eventuales díscolos disputen el sello libertario en las urnas.
El viaje de Diego Santilli aparece en este contexto como una pieza de gestión política directa: el PRO necesita ser parte activa de la negociación para no quedar como mero receptor de decisiones del Gobierno. La relación entre La Libertad Avanza y el PRO sigue siendo funcional pero tensa, atravesada por la pregunta no resuelta sobre si ambos espacios competirán juntos u por separado en 2027.
La figura de Patricia Bullrich concentra parte de la tensión central del artículo. El Gobierno mira con recelo su accionar al frente del bloque, lo que revela una contradicción estructural: Bullrich es al mismo tiempo ministra del Ejecutivo y jefa de un bloque legislativo con agenda propia. Esa doble pertenencia genera fricciones cuando los tiempos e intereses del PRO no se alinean perfectamente con los del oficialismo.
El antecedente histórico es relevante para entender la magnitud de lo que se debate. Las PASO fueron creadas en 2009 e implementadas por primera vez en 2011 bajo el kirchnerismo, con el argumento de democratizar la selección de candidatos. Desde entonces, ningún gobierno logró eliminarlas, aunque varios intentaron modificarlas. Que el actual oficialismo lo impulse con urgencia parlamentaria dice tanto sobre su diagnóstico electoral como sobre sus debilidades organizativas.
La estrategia de cerrar el debate antes de diciembre implica asumir un costo político: forzar una votación sin consenso amplio expone al Gobierno a la acusación de reformar las reglas electorales en beneficio propio. Ese costo puede ser menor al riesgo de llegar a 2027 con primarias abiertas que el oficialismo no controla, pero la percepción pública de la maniobra importa en un año en que la imagen del Gobierno será un activo decisivo.
En síntesis, la discusión sobre las PASO no es técnica ni electoral en sentido estricto: es una disputa sobre quién define las condiciones de la competencia política futura. El Gobierno necesita los votos, desconfía de sus propios aliados e intenta cerrar el tema antes de que la dinámica legislativa de fin de año lo complique. El resultado de esa pulseada marcará el perfil político del oficialismo en su camino hacia las elecciones de 2027.Más noticias de Datapolítica
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|