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| viernes, 13 de noviembre de 2026 |
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La CGT amenaza con más medidas de fuerza y pide diálogo al Gobierno
La central obrera recrudeció sus críticas al modelo económico de Milei y evalúa acciones concretas si el Ejecutivo no convoca a negociar.
La CGT endureció su postura frente al gobierno de Javier Milei y colocó sobre la mesa la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si el Ejecutivo no abre canales formales de diálogo. La central obrera más representativa del país combina así dos movimientos simultáneos: la presión callejera e institucional, y el reclamo de ser reconocida como interlocutora válida en la definición del rumbo económico. Ese doble movimiento no es casual ni espontáneo: revela una organización que busca recuperar protagonismo político en un escenario donde el oficialismo la ignoró sistemáticamente desde el inicio de la gestión.
El contexto es determinante para entender la escalada. El modelo de ajuste fiscal impulsado por Milei golpeó de manera directa el poder adquisitivo de los trabajadores formales, erosionó conquistas salariales y desmanteló herramientas de intervención estatal que la CGT históricamente defendió. La central llegó tarde a la resistencia organizada, lo que generó tensiones internas y críticas desde sectores sindicales más combativos. Este nuevo endurecimiento es, en parte, una respuesta a esa presión interna.
La exigencia de diálogo tiene una lógica política precisa. La CGT no pide solo mejoras salariales: demanda ser parte de las decisiones. Esa pretensión choca frontalmente con la lógica del gobierno, que concibe la negociación con los sindicatos como una concesión inaceptable a actores del "viejo régimen". La brecha entre ambas visiones no es técnica sino ideológica, e impide cualquier acuerdo de fondo en el corto plazo.
Las medidas de fuerza que evalúa la central operan también como señal hacia adentro del movimiento obrero. La conducción de la CGT necesita demostrar capacidad de acción para retener la cohesión de sus bases e impedir que gremios disconformes busquen articulaciones alternativas. La amenaza de paro u otras acciones cumple una función de disciplinamiento interno tanto o más que de presión externa sobre el Ejecutivo.
El gobierno, por su parte, tiene incentivos para no ceder. Abrir el diálogo con la CGT implicaría reconocer una legitimidad sindical que el discurso libertario cuestiona en su raíz. Además, cualquier concesión salarial o institucional podría interpretarse como una fisura en el programa de ajuste, con consecuencias sobre las expectativas de los mercados financieros que el oficialismo cuida con especial atención.
El escenario que se configura es el de una tensión administrada, sin resolución inmediata. La CGT acumula presión e instala agenda, pero carece aún de la fuerza suficiente para torcer el rumbo del gobierno. Milei, en tanto, puede ignorar los reclamos sindicales sin costos políticos inmediatos, aunque a mediano plazo el deterioro social acumulado podría cambiar ese cálculo.Más noticias de Datapolítica
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