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| jueves, 12 de noviembre de 2026 |
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Caso Andis: el peritaje relativiza la versión oficial sobre los audios
El informe no pudo confirmar la voz de Spagnuolo e identificó cortes y regrabaciones; la Casa Rosada había difundido supuestos resultados del estudio.
El peritaje sobre los audios del caso Andis destruye la narrativa que la Casa Rosada había instalado como verdad: el informe técnico no pudo confirmar que la voz perteneciera a Diego Spagnuolo e identificó indicios de cortes e intervenciones en las grabaciones. El Gobierno había filtrado supuestos resultados del estudio de Gendarmería presentándolos como prueba irrefutable, una maniobra que ahora queda expuesta como una operación de comunicación política con sustento técnico endeble.
El caso Andis tiene un peso político específico: involucra acusaciones sobre el uso de bases de datos estatales con fines de persecución, un tema sensible en un país donde el manejo discrecional de información pública tiene antecedentes graves. Que el Gobierno haya anticipado conclusiones periciales de forma selectiva e interesada no es un detalle procesal menor, sino una decisión política deliberada con efectos sobre la opinión pública.
La filtración oficial operó antes de que el informe pericial estuviera disponible en su forma completa e íntegra. Esa anticipación buscaba instalar una lectura favorable al oficialismo en el debate público, condicionando la recepción posterior del documento técnico. Es una práctica que convierte el proceso judicial en herramienta de disputa mediática antes que en búsqueda de verdad.
El hallazgo de posibles alteraciones en los audios abre una nueva dimensión del problema. Ya no se trata solo de determinar si Spagnuolo habló o no en esas grabaciones, sino de establecer quién intervino el material e introdujo cortes u operaciones de regrabación. Esa pregunta, que el peritaje deja abierta, desplaza la sospecha hacia quienes aportaron o manipularon las pruebas.
El oficialismo construyó sobre estos audios una parte de su relato sobre el caso, presentando el material como evidencia sólida de conductas irregulares en organismos del Estado. La relativización pericial no solo debilita esa línea argumental sino que genera una pregunta política incómoda: por qué se difundieron resultados parciales e imprecisos como si fueran conclusiones definitivas e inapelables.
La oposición y los actores judiciales vinculados al caso cuentan ahora con un argumento técnico para cuestionar la buena fe del Gobierno en el manejo de la información. En un contexto donde la credibilidad institucional es un recurso escaso, el episodio suma a una percepción de que el oficialismo utiliza los organismos de seguridad e inteligencia del Estado como instrumentos de presión política selectiva.
El caso no cierra con este peritaje sino que se complejiza. La justicia deberá determinar el origen y las condiciones de producción de los audios, mientras el Gobierno enfrenta el costo político de haber apostado públicamente a una prueba que el propio análisis técnico oficial pone en duda.Más noticias de Datapolítica
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