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| jueves, 12 de noviembre de 2026 |
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El Estatuto del Periodista pierde vigencia sin avances en el Congreso
El plazo para derogar el régimen especial de prensa se acerca y el Congreso no avanza en ninguna iniciativa para revertirlo.
El Estatuto del Periodista está a punto de desaparecer como régimen laboral específico, y el Congreso no muestra señales concretas de querer evitarlo. La denominada ley de Modernización Laboral estableció la eliminación de ese marco especial para los trabajadores de prensa, y el plazo se acerca sin que ninguna de las iniciativas parlamentarias destinadas a revertir esa decisión haya prosperado. El resultado práctico es que el silencio legislativo equivale a una toma de posición: la derogación avanza por omisión.
El oficialismo sostiene que el estatuto requiere actualización, una postura que en la práctica funciona como justificación para no defenderlo en su forma actual. Los gremios del sector, en cambio, reclaman mantener las protecciones específicas que ese régimen otorga a los trabajadores de prensa, protecciones que no tienen equivalente directo en el derecho laboral general. Esa brecha entre las dos posiciones no se ha cerrado ni en comisiones ni en el recinto.
Lo que está en juego no es un tecnicismo laboral menor. El Estatuto del Periodista fue históricamente una conquista sectorial que reconocía las condiciones particulares del trabajo periodístico: la precariedad estructural, la dependencia editorial e institucional, y la vulnerabilidad ante presiones políticas u económicas. Eliminarlo sin reemplazarlo por un marco equivalente deja a los trabajadores de prensa bajo un régimen general que no contempla esas especificidades.
El oficialismo enmarca la derogación dentro de una lógica de desregulación laboral más amplia, coherente con el perfil ideológico de la gestión. Desde esa perspectiva, los regímenes especiales son vistos como distorsiones del mercado de trabajo antes que como derechos adquiridos. Esa lectura choca frontalmente con la de los gremios, que ven en la eliminación del estatuto una señal de desprotección deliberada hacia un sector con capacidad de fiscalización pública.
La parálisis legislativa tiene una lógica política precisa. Las iniciativas para revertir la derogación no avanzan porque el oficialismo no tiene incentivos para habilitarlas y la oposición no ha logrado construir una mayoría ni una presión suficiente para forzar el debate. En ese equilibrio de fuerzas, el tiempo corre a favor de quienes prefieren que el estatuto desaparezca sin que nadie tenga que votar explícitamente en su contra.
Para los gremios de prensa, la situación es doblemente compleja. No solo enfrentan la pérdida de un marco legal específico, sino que lo hacen en un contexto en que el sector periodístico atraviesa una crisis económica profunda, con medios achicados e índices de precarización laboral elevados. La derogación del estatuto llegaría, si se concreta, en el peor momento posible para la capacidad de negociación colectiva del sector.
El caso del Estatuto del Periodista ilustra un patrón más general de la gestión actual: las reformas estructurales se consolidan no tanto por impulso activo sino por agotamiento de las resistencias e inacción de quienes deberían bloquearlas. Cuando el plazo venza, la responsabilidad política quedará distribuida entre quienes impulsaron la ley de Modernización Laboral y quienes, teniendo instrumentos para revertirla, eligieron no usarlos.Más noticias de Datapolítica
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