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| jueves, 12 de noviembre de 2026 |
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Cristian Rivaldi, el policía que gaseó a una nena, fue condenado
El juez Rafecas lo halló culpable por rociar con gas pimienta a una menor de 10 años en una marcha de jubilados en 2024.
El juez federal Daniel Rafecas condenó al policía federal Cristian Miguel Rivaldi por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia, una nena de 10 años, e inhabilitó al agente para ejercer funciones públicas. La pena es de un año y tres meses en suspenso, más inhabilitación especial por el doble del tiempo. El fallo no implica prisión efectiva, pero establece un precedente sobre los límites del uso de la fuerza estatal contra manifestantes civiles en Argentina.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, frente al Congreso de la Nación, durante una manifestación en defensa de los jubilados. Fabrizia y su madre fueron alcanzadas por el gas pimienta que Rivaldi descargó en el marco de un operativo policial. El magistrado encuadró la conducta como incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves, una figura que refleja tanto la dimensión institucional del daño como la física.
El caso condensa una tensión estructural en el vínculo entre las fuerzas de seguridad e instituciones democráticas: qué nivel de violencia es tolerable al momento de dispersar protestas sociales. Las marchas de jubilados de 2024 congregaron a sectores amplios de la sociedad y generaron un contexto de alta visibilidad política. Que una menor haya sido víctima directa de un agente del Estado no es un dato menor: convierte al episodio en un símbolo de los excesos del aparato represivo.
La condena en suspenso es, en términos prácticos, una señal ambigua. Por un lado, el sistema judicial reconoció la responsabilidad penal del policía e impuso una inhabilitación que lo aparta temporalmente del ejercicio de funciones. Por otro, la ausencia de prisión efectiva habilita lecturas críticas sobre la proporcionalidad de la sanción frente a la gravedad simbólica del hecho: un funcionario armado que gasea a una criatura en una plaza pública.
La inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena —es decir, dos años y seis meses— es el componente más relevante del fallo desde una perspectiva institucional. Implica que Rivaldi no puede ejercer cargos públicos durante ese período, lo que constituye una restricción concreta sobre su carrera en la fuerza. Es, en la práctica, el instrumento que más cerca está de producir una consecuencia real y duradera.
El rol del juez Rafecas en este caso tiene peso propio. Se trata de uno de los magistrados federales con mayor perfil en causas de relevancia pública. Su intervención en un expediente que involucra violencia policial contra manifestantes y una menor de edad eleva la visibilidad institucional del fallo y obliga a otras instancias del Poder Ejecutivo a posicionarse, aunque sea en silencio, frente al resultado del proceso.
El fallo no cierra el debate, sino que lo abre. La condena de Rivaldi instala una pregunta que el sistema político argentino raramente responde con claridad: ¿quién controla a quienes ejercen la fuerza en nombre del Estado? Mientras esa respuesta siga siendo difusa, episodios como el de Fabrizia seguirán siendo posibles, con o sin condena.Más noticias de Datapolítica
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