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| domingo, 8 de noviembre de 2026 |
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El Gobierno abre licitación para auditar las represas de Santa Cruz
El Estado nacional abrió una licitación de $39.624 millones para auditar obras reactivadas con China y más de 200 trabajadores.
El Gobierno nacional lanzó una licitación por $39.624 millones para ejercer control externo sobre las represas en construcción en Santa Cruz, en una decisión que combina gestión de obra pública con una señal política hacia el acuerdo vigente con China. La medida llega en un contexto en que las represas habían permanecido paralizadas durante años, y su reactivación reciente —fruto de una negociación con el socio asiático— volvió a poner el proyecto en el centro de la agenda energética e institucional del país.
Las obras emplean hoy a más de 200 trabajadores, lo que convierte al emprendimiento en uno de los pocos proyectos de infraestructura con actividad real en la Patagonia. La licitación apunta específicamente a contratar un organismo o empresa que fiscalice el avance, la calidad e integridad técnica de los trabajos desde afuera del esquema ejecutor. Eso significa que el Gobierno no solo gestiona la obra sino que institucionaliza una capa adicional de supervisión, algo que históricamente estuvo ausente en este proyecto.
El trasfondo político es inseparable del técnico. Las represas sobre el río Santa Cruz arrastraron durante años controversias ambientales, cuestionamientos judiciales e indefiniciones en la relación bilateral con China. Que el Gobierno haya optado por activar un mecanismo de control externo en este momento sugiere una doble necesidad: demostrar transparencia ante la opinión pública e inversores, e introducir un contrapeso institucional frente a la parte china del consorcio ejecutor.
La escala del contrato de auditoría —casi cuarenta mil millones de pesos— no es un dato menor. Refleja tanto la magnitud de la obra en sí como la complejidad técnica que implica monitorear un emprendimiento hidroeléctrico de esta envergadura en una zona remota. También revela que el Gobierno está dispuesto a gastar recursos públicos significativos en la capa de control, lo cual puede leerse como una apuesta por la legitimidad del proceso ante futuros cuestionamientos.
Desde una perspectiva analítica, la decisión expone una tensión estructural que atraviesa toda la historia del proyecto: la dificultad del Estado argentino para mantener soberanía técnica e institucional sobre obras financiadas e impulsadas por actores externos. La licitación de control externo es, en ese sentido, un intento tardío pero concreto de recuperar posición dentro de un esquema donde la parte china opera con lógica propia e intereses que no siempre coinciden con los del Estado nacional.
El impacto sobre la provincia de Santa Cruz es directo. Los más de 200 puestos de trabajo activos dependen de que las obras no vuelvan a frenarse, y cualquier conflicto en torno a la auditoría o al vínculo con China podría traducirse en paralización y consecuencias sociales inmediatas en una región con escasas alternativas laborales de esa escala. El Gobierno provincial observa el proceso con interés propio, ya que las represas representan una fuente futura de energía e ingresos fiscales.
En definitiva, la licitación de $39.624 millones para auditar las represas patagónicas es mucho más que un trámite administrativo: es el resultado visible de años de negociación, parálisis e indefinición, e inaugura una etapa en que el Estado intenta recuperar control sobre un proyecto estratégico que por mucho tiempo avanzó sin fiscalización efectiva. El éxito u fracaso de esa apuesta dependerá de la independencia real del organismo que resulte adjudicatario y de su capacidad para operar con autonomía frente a las presiones del consorcio ejecutor.Más noticias de Datapolítica
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