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| sábado, 7 de noviembre de 2026 |
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Ex jefe de la UOM será indagado por fraude con fondos gremiales
El ex jefe del gremio metalúrgico y doce dirigentes deberán declarar ante la Justicia por el manejo de aportes de los afiliados.
Abel Furlán, ex titular de la Unión Obrera Metalúrgica, deberá presentarse a declarar ante la Justicia junto a doce dirigentes de su círculo de confianza, acusados de fraude millonario con los aportes de los afiliados al sindicato. La causa pone bajo la lupa el manejo de fondos que, en teoría, debían proteger a los trabajadores del sector e implica una crisis institucional de primer orden para uno de los gremios industriales más poderosos de la Argentina.
Entre los convocados a indagatoria figura una dirigente que compró un departamento en el mismo edificio donde cumple su condena Cristina Kirchner. Ese detalle no es menor: traza un vínculo simbólico e incluso material entre la cúpula sindical investigada y la ex presidenta, e instala preguntas sobre los circuitos de dinero que conectan al sindicalismo peronista con la política nacional.
La UOM es históricamente uno de los sindicatos con mayor peso dentro del movimiento obrero organizado y del Partido Justicialista. Sus conducciones han tenido capacidad de veto sobre candidaturas, de movilización callejera y de negociación directa con el poder ejecutivo en distintas etapas. Que su ex conducción quede en el centro de una causa penal por desvío de fondos propios de los trabajadores erosiona ese capital simbólico de representación obrera que el gremio acumuló durante décadas.
El caso expone una tensión estructural del sindicalismo argentino: la distancia creciente entre las cúpulas dirigentes y las bases que dicen representar. Los aportes de los afiliados constituyen el patrimonio colectivo de los trabajadores, no recursos discrecionales de la conducción. Cuando esos fondos son objeto de investigación penal, el daño no es solo judicial sino político: se quiebra el pacto de representación que justifica la existencia misma del sindicato.
Desde el punto de vista de la coyuntura, la causa llega en un momento en que el sindicalismo peronista busca reposicionarse frente al gobierno nacional y reconstruir su rol opositor. Una indagatoria de esta magnitud sobre un gremio industrial central debilita esa pretensión de autoridad moral y le da argumentos al oficialismo para cuestionar la legitimidad de quienes se presentan como defensores de los trabajadores.
El círculo de trece dirigentes involucrados sugiere que la presunta irregularidad no fue un hecho aislado sino una práctica con cierta institucionalidad interna. Eso agrava el cuadro: no se investiga un desvío individual sino un esquema que habría operado con la connivencia de varios niveles de la estructura gremial. La Justicia deberá determinar alcances y responsabilidades, pero el daño reputacional ya está en curso.
Para el peronismo en su conjunto, el timing es incómodo. La imagen de una dirigente sindical vinculada al edificio donde reside Cristina Kirchner condensa en un solo dato la percepción de un entramado donde poder político, poder sindical y beneficios personales se superponen. Esa percepción, fundada o no en los hechos que la causa deberá probar, alimenta un relato opositor que el peronismo todavía no encontró cómo desactivar.Más noticias de Datapolítica
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