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| sábado, 7 de noviembre de 2026 |
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Un juez ordenó mantener prestaciones para 61 personas con discapacidad
El juez Walter Lara Correa ordenó al Gobierno mantener las prestaciones del centro CEREP mediante una medida cautelar.
Un juez federal frenó al Gobierno nacional en uno de los flancos más sensibles del ajuste: la atención de personas con discapacidad. Walter Lara Correa dictó una medida cautelar que obliga al Estado a mantener la inscripción del centro CEREP en el Registro Nacional de Prestadores e impide la interrupción de los servicios que reciben 61 personas. La decisión judicial expone una tensión concreta entre la política de reducción del gasto público e individuos en situación de vulnerabilidad extrema, un escenario que el Gobierno no puede administrar con herramientas políticas ordinarias.
El caso CEREP no es un episodio aislado. Desde que la administración actual profundizó el recorte en áreas sociales, distintas organizaciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad enfrentaron demoras en los pagos, revisiones de habilitaciones e incertidumbre sobre su continuidad. La desregulación de criterios y la presión sobre el gasto en salud generaron un ecosistema de fragilidad institucional en el sector, donde los prestadores más pequeños son los primeros en quedar expuestos.
La cautelar también ordenó una nueva inspección del centro, lo que sugiere que el conflicto tiene una dimensión técnico-administrativa además de la fiscal. El juez no se limitó a suspender una medida del Ejecutivo: introdujo una obligación activa de revisión, lo que amplía el margen de intervención judicial sobre decisiones que el Gobierno considera de gestión interna. Esa extensión del control judicial es, en sí misma, un dato político de peso.
Lara Correa invocó las llamadas "Reglas Papa Francisco", un conjunto de criterios interpretativos orientados a garantizar el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Su uso en este fallo es significativo: el juez eligió un marco normativo con carga simbólica explícita, lo que refuerza el mensaje institucional de la resolución más allá de su contenido técnico. No es una decisión neutral en términos de comunicación judicial.
Para el Gobierno, este tipo de fallos representa un problema de geometría política compleja. Resistir la cautelar implicaría un costo reputacional enorme frente a un universo de 61 beneficiarios concretos e identificables. Acatarla sin respuesta de fondo, en cambio, consolida un patrón donde la Justicia opera como válvula de escape de tensiones sociales que el ajuste genera pero la política no resuelve. Ambas salidas tienen costos.
El sector de discapacidad acumula una historia larga de conflictos con el Estado por financiamiento y habilitaciones. Lo novedoso de la coyuntura actual es la velocidad e intensidad con que esos conflictos llegan a la instancia judicial. Los centros de atención dejaron de negociar exclusivamente en sede administrativa e incorporaron el litigio como herramienta de supervivencia institucional.Más noticias de Datapolítica
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