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| jueves, 5 de noviembre de 2026 |
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Toviggino: el procurador pide a la Corte que cambie el juez
El procurador general denunció que Casación violó las reglas de competencia al dejar la causa en manos del juez de Campana.
El procurador general llevó ante la Corte Suprema un cuestionamiento directo a la Cámara de Casación por haber dejado en manos del juez de Campana, Adrián González Charvay, la investigación sobre una mansión en Pilar atribuida a Toviggino. Para el jefe de los fiscales, esa decisión no tiene sustento jurídico e implica una grave violación de las reglas de competencia. La movida escala una disputa que ya no es solo procesal: revela tensiones profundas entre organismos del sistema judicial argentino sobre quién controla causas políticamente sensibles.
El núcleo del conflicto es la competencia territorial e institucional. La causa estaba originalmente en manos de una jueza porteña del fuero penal económico, que tiene jurisdicción específica sobre delitos de esa naturaleza. Casación la desplazó e impuso al magistrado de Campana, una decisión que el procurador rechaza como arbitraria e infundada. Que el jefe de los fiscales recurra directamente a la Corte Suprema indica que agotó las instancias previas sin obtener resultado e implica que la disputa alcanzó el nivel más alto del Poder Judicial.
El fuero penal económico porteño tiene competencia tradicional sobre investigaciones patrimoniales complejas. Desplazarlo en favor de un juzgado federal de provincia no es una mera cuestión técnica: implica cambiar el perfil del magistrado, su entorno institucional e históricamente sus tiempos e inclinaciones. En causas que involucran a funcionarios u figuras con peso político, la elección del juez nunca es neutral.
La posición del procurador es clara e implica una lectura política: Casación tomó una decisión que no resiste análisis jurídico e interfirió en una investigación en curso. Al presentarlo como "grave violación", el procurador no deja margen para interpretaciones ambiguas. Es una acusación institucional directa contra un tribunal colegiado de enorme poder dentro del sistema.
Toviggino aparece como el eje patrimonial de la causa, con una mansión en Pilar como objeto concreto de investigación. Las propiedades de origen incierto atribuidas a funcionarios o ex funcionarios son uno de los vectores más frecuentes de las causas de enriquecimiento ilícito en Argentina. La disputa por quién investiga ese bien inmueble define en gran medida las posibilidades reales de que la causa avance o se dilate.
La Corte Suprema deberá ahora resolver si avala la intervención de Casación o le devuelve la causa al fuero penal económico porteño. Cualquiera sea su decisión, sentará precedente sobre los límites que tiene Casación para reasignar investigaciones en curso. El procurador apostó fuerte al hacer pública esta disputa ante el máximo tribunal, e hizo visible un conflicto que hasta ahora se procesaba en despachos.
Lo que está en juego no es solo la competencia sobre un expediente: es la definición de quién tiene autoridad real para conducir investigaciones sensibles en el sistema judicial argentino.Más noticias de Datapolítica
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