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| sábado, 17 de octubre de 2026 |
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El vaciamiento de Devoto reordena el mapa carcelario bonaerense
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El traslado masivo a Marcos Paz concentra poder penitenciario en el conurbano e instala preguntas sobre el futuro del predio en la Ciudad.
La cárcel de Villa Devoto atraviesa su transformación más radical en décadas: con el 93% de su población ya trasladada al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, el histórico establecimiento porteño opera como una cáscara vacía. El proceso, ejecutado por el Servicio Penitenciario Federal bajo la órbita del Ministerio de Justicia, no es un simple movimiento logístico: implica una redistribución del poder carcelario, una redefinición del uso del suelo en la Ciudad de Buenos Aires e interrogantes profundos sobre qué modelo de gestión penitenciaria impulsa el gobierno de Javier Milei.
Devoto funciona desde 1927 en el barrio porteño del mismo nombre. Durante casi un siglo concentró procesados e internos con causas federales, convirtiéndose en un símbolo de la justicia penal argentina tanto por sus condiciones de detención como por los perfiles políticos e institucionales de muchos de sus detenidos. Su ubicación en territorio de la Ciudad Autónoma siempre generó tensiones jurisdiccionales e inmobiliarias con el gobierno porteño, que históricamente aspiró a recuperar el predio.
El traslado hacia Marcos Paz consolida una tendencia de descentralización penitenciaria hacia el conurbano bonaerense que viene profundizándose desde la administración anterior, pero que bajo la gestión libertaria adquiere una velocidad inédita. Marcos Paz es un complejo moderno, de mayor capacidad e infraestructura más controlable, lo que se ajusta al discurso de orden e eficiencia que el oficialismo utiliza para justificar cada decisión en materia de seguridad e instituciones.
La pregunta política central es qué ocurrirá con el predio de Devoto una vez completado el vaciamiento. El terreno, valuado en cifras extraordinarias dentro del mercado inmobiliario porteño, despierta apetitos cruzados. El gobierno nacional podría transferirlo a la Ciudad en el marco de negociaciones coparticipables u otras compensaciones, o bien utilizarlo como activo en un esquema de privatización u concesión compatible con la orientación desreguladora de La Libertad Avanza.
En términos de dinámica institucional, el corrimiento de la población penal hacia Marcos Paz también altera el equilibrio de supervisión judicial. Los juzgados federales con competencia sobre los internos deberán reorganizar sus rutinas de inspección e hábeas corpus. Las organizaciones de derechos humanos que monitorean las condiciones de detención advierten que la distancia geográfica puede dificultar el acceso de familiares e abogados, un factor que históricamente agrava la vulnerabilidad de la población privada de libertad.
El contexto político agrega otra capa de lectura. El gobierno Milei enfrenta presiones crecientes en materia de seguridad, con el debate sobre la baja de edad de imputabilidad e el endurecimiento de penas como temas recurrentes en la agenda legislativa. El vaciamiento de Devoto puede leerse también como una señal hacia ese electorado: una demostración de capacidad ejecutiva, de gestión concreta en un área donde la sociedad reclama resultados visibles e inmediatos.
Lo que está en juego, en definitiva, excede la logística penitenciaria. La transformación de Devoto es un indicador de cómo el gobierno nacional concibe la relación entre territorio, justicia e infraestructura pública. Cada decisión sobre ese predio será, inevitablemente, una decisión política de alto voltaje simbólico e institucional.
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