viernes, 16 de octubre de 2026
 
 
     
Menem interpela la calle: el oficialismo busca redirigir la protesta

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El presidente de Diputados cuestionó la marcha universitaria y planteó que la única expresión legítima es el voto. Una señal política deliberada.

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados e integrante del núcleo duro del oficialismo libertario, salió con fuerza a cuestionar la movilización universitaria del lunes, instalando una tesis que va mucho más allá del daño al asfalto porteño: para La Libertad Avanza, la protesta callejera es ilegítima por definición, e inválida como mecanismo de expresión política. La declaración no es un exabrupto aislado; es una posición programática. El contexto no es menor. La marcha universitaria volvió a reunir a decenas de miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires e en otras ciudades del país, en un nuevo capítulo de la tensión entre el gobierno de Javier Milei e el sistema de educación pública. El oficialismo viene sosteniendo desde 2024 que las movilizaciones en defensa de las universidades responden a una agenda político-partidaria antes que a una demanda genuina de la comunidad educativa. Menem profundizó esa lectura al afirmar que los manifestantes "solo querían desestabilizar, generar caos". La frase sobre el asfalto —"¿quién va a pagar eso?"— funciona como un artefacto retórico preciso. Desplaza el debate del financiamiento educativo hacia el orden público e instala a los manifestantes como agentes de destrucción antes que como ciudadanos ejerciendo un derecho. Es una operación de sentido calculada: convierte al Estado en víctima e a los universitarios en victimarios. El problema no es el recorte presupuestario; el problema es la marcha. Hay antecedentes históricos que iluminan esta lógica. El menemismo de los noventa también ensayó versiones de esta narrativa ante las protestas sociales, aunque con matices distintos. Lo novedoso en el discurso libertario es la radicalidad con que se impugna la movilización como forma de participación: "la gente se tiene que manifestar en las urnas" no es solo una opinión sobre el orden, es una concepción restrictiva de la democracia que reduce la ciudadanía al acto electoral e descarta todo lo que ocurre entre elecciones. La tensión de fondo involucra dos modelos en pugna sobre qué significa la participación política en una democracia. El oficialismo apuesta a consolidar un relato donde el mandato electoral de 2023 le otorga carta blanca para reformas estructurales sin necesidad de negociación callejera u parlamentaria. La oposición e los movimientos sociales, en cambio, entienden que la calle es un espacio de disputa legítima, especialmente cuando las instituciones parlamentarias muestran bloqueos o asimetrías de poder. Para la coyuntura inmediata, la declaración de Menem tiene un efecto político doble. Hacia adentro del espacio libertario, refuerza la cohesión ideológica e el relato de la "casta" intentando desestabilizar al gobierno.