viernes, 16 de octubre de 2026
 
 
     
Lemoine y la marcha universitaria: el cuerpo como arena política

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El incidente entre la diputada libertaria e manifestantes universitarios expone la lógica de confrontación que el oficialismo convirtió en método.

La diputada nacional Lilia Lemoine protagonizó un incidente con manifestantes durante la Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, un episodio que no debe leerse como un hecho aislado de violencia callejera sino como el emergente visible de una estrategia política deliberada. Lemoine, figura emblemática del ala más confrontativa de La Libertad Avanza, eligió transitar el epicentro de una protesta masiva e ideológicamente antagónica, con resultado predecible e instrumentalizable. La Marcha Federal Universitaria convocó a cientos de miles de personas en todo el país en defensa del financiamiento educativo público, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei recortó partidas universitarias de manera sostenida. La presencia de una legisladora oficialista en ese espacio no fue casual ni inocente: forma parte de un patrón de exposición provocadora que el núcleo duro del movimiento libertario utiliza para generar conflicto y luego capitalizarlo comunicacionalmente. El relato posterior de Lemoine siguió un guion conocido: la victimización inmediata, la comparación moral con el adversario político —los denominados 'kukas'— e la viralización activa de los videos a través de sus propias redes. La legisladora no denunció ante la Justicia ni esperó una investigación institucional: fue directamente a la guerra de narrativas en redes sociales, donde el oficialismo libra sus batallas más efectivas. Este mecanismo tiene antecedentes históricos en la política argentina e internacional. La generación de incidentes en espacios de protesta para luego construir un relato de persecución es una táctica documentada de movimientos de ultraderecha en Brasil, España e Italia. En el caso argentino, LLA la perfeccionó hasta convertirla en recurso cotidiano: cada agresión real u amplificada se transforma en combustible identitario para la base militante e en argumento para deslegitimar la protesta social en su conjunto. Lo políticamente relevante no es determinar con precisión qué ocurrió en la vereda del Congreso —si hubo escupitajos, agua u hostilidad verbal— sino entender por qué ese episodio eclipsó mediáticamente la masividad de una marcha que reunió a docentes, estudiantes e trabajadores no docentes de todo el país. El incidente con Lemoine funcionó como ruido eficaz sobre una señal política incómoda para el gobierno: la demostración de que el ajuste educativo tiene costo social concreto e organización en las calles. La respuesta de los sectores que marcharon también merece análisis crítico. La agresión física o simbólica a una legisladora —independientemente de su signo político— habilita el relato oficialista e debilita la legitimidad moral de la protesta. Los movimientos sociales que protagonizan este tipo de episodios le regalan al adversario exactamente lo que necesita: una imagen que reemplaza millones de manifestantes por un puñado de agresores, operando como mecanismo de reducción e descrédito de la demanda colectiva. En la coyuntura actual, con un gobierno que enfrenta creciente tensión social pero mantiene imagen positiva en segmentos clave del electorado, episodios como este funcionan como válvula de desvío de la agenda. La discusión sobre el presupuesto universitario, los salarios docentes e el modelo educativo queda subordinada al debate sobre si Lemoine fue u no agredida. Esa sustitución de agenda no es un efecto secundario: es el objetivo.