viernes, 16 de octubre de 2026
 
 
     
Menem criminaliza la protesta y redefine dónde debe vivir la política

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El presidente de Diputados atacó la marcha universitaria y cuestionó la calle como espacio legítimo de participación ciudadana.

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados e figura clave del oficialismo libertario, eligió responder a la masiva marcha universitaria no con argumentos presupuestarios sino con una operación discursiva de mayor alcance: la deslegitimación de la protesta callejera como herramienta política válida. Su afirmación de que 'la gente se tiene que manifestar en las urnas' no es una frase suelta sino una posición ideológica que merece análisis, porque implica reducir la democracia a su dimensión electoral y vaciar de contenido todo lo que ocurre entre una elección e otra. El contexto no es menor. La movilización universitaria reunió a decenas de miles de personas en todo el país en defensa del financiamiento educativo, en un escenario donde el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei golpea de manera particular a las universidades públicas. Lejos de ser un hecho aislado, la marcha se inscribe en una secuencia de protestas sectoriales que el oficialismo ha enfrentado con una retórica sistemática de descalificación: primero los jubilados, luego los trabajadores estatales, ahora los estudiantes e docentes. La estrategia comunicacional de Menem sigue un patrón reconocible. Frente a una demanda con alto consenso social, el oficialismo no debate el fondo sino que construye un relato sobre la forma: 'destruyeron la calle', 'solo querían generar caos', 'desestabilizar'. Este desplazamiento del eje es deliberado. Discutir el financiamiento universitario obliga a defender números incómodos; acusar a los manifestantes de vandalismo permite cambiar el terreno de disputa e instalar la idea de que detrás de la protesta hay una agenda golpista u opositora con fines espurios. Históricamente, la universidad pública argentina funcionó como uno de los termómetros más sensibles de la legitimidad gubernamental. Ninguna fuerza política logró sostenerse cómodamente ante una oposición universitaria masiva. El menemismo de los noventa —paradójicamente, la familia política de referencia del actual titular de Diputados— aprendió esa lección con dificultad. Que hoy un Menem vuelva a confrontar con el movimiento estudiantil tiene una carga simbólica que el oficialismo parece subestimar u omitir deliberadamente. La frase sobre las urnas, además, llega en un momento de alta tensión preelectoral. Con los comicios de medio término en el horizonte inmediato, el gobierno necesita consolidar su base e impedir que la imagen de Milei se erosione por desgaste social acumulado. Pero la operación de criminalizar la protesta tiene riesgos: puede cohesionar a sectores que aún no se identificaban con la oposición e incorporarlos a una narrativa de resistencia. El rechazo a la marcha universitaria podría producir exactamente el efecto contrario al buscado. El debate sobre quién paga los daños en la vía pública, aunque válido en términos administrativos, funciona en este contexto como una cortina. Menem sabe que ese argumento resuena en ciertos sectores de la opinión pública sensibles al orden e a la propiedad, pero esquiva la pregunta estructural: ¿por qué decenas de miles de ciudadanos sienten que la calle es el único espacio donde sus reclamos son escuchados? Esa pregunta, incómoda, es la que el oficialismo se niega a responder. DataPolitica sostiene que estamos ante una disputa que excede lo universitario. Lo que está en juego es la concepción misma de la participación democrática. Un gobierno que reduce la política legítima al acto de votar cada dos años e interpreta cualquier movilización como desestabilización está construyendo un modelo de ciudadanía pasiva que choca con décadas de cultura política argentina. Esa tensión, lejos de resolverse, promete intensificarse a medida que avance el calendario electoral e las consecuencias del ajuste sigan acumulándose en la vida cotidiana.