jueves, 15 de octubre de 2026
 
 
     
La Ley de Tierras como escudo: el oficialismo desarma la sesión

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El Gobierno neutraliza el intento opositor de derogar el DNU 70 con una concesión táctica que desactiva a los bloques provinciales indecisos.

El oficialismo libertario encontró en la restitución de la Ley de Tierras una herramienta quirúrgica para desarticular una sesión opositora antes de que siquiera llegue a realizarse. La devolución del artículo 154 del DNU 70 —que había derogado la normativa de 2011 sobre compra de tierras por extranjeros— no es un gesto de apertura política sino una operación de contención legislativa calculada con precisión. El objetivo central no es proteger la tierra argentina: es proteger el decreto más ambicioso de la era Milei. El DNU 70 representa el núcleo doctrinario de la gestión libertaria. Sancionado a días de asumir el poder, condensó más de 300 reformas estructurales bajo la lógica de la urgencia y la desregulación total. Su derogación parlamentaria sería, para el Gobierno, una derrota política de primer orden, no solo en términos de agenda sino de legitimidad del modelo. Por eso la Casa Rosada está dispuesta a ceder una pieza menor del tablero para salvar el conjunto. Los bloques provinciales son el centro de gravedad de esta disputa. Sin su concurso, la oposición no alcanza el quórum necesario para sesionar. Esos bloques —heterogéneos, con lógicas transaccionales y sensibles a la agenda de sus provincias— venían siendo cortejados por la oposición con el argumento de que el DNU vulneraba la soberanía territorial. Al restituir la Ley de Tierras mediante dictamen, el oficialismo y sus aliados les quitan ese argumento de las manos y los dejan sin justificación política para sumarse a una sesión que, de prosperar, los pondría en colisión directa con el Ejecutivo nacional. La maniobra revela también los límites internos de la coalición opositora. Para convocar una sesión especial y derogar un DNU, la oposición necesita no solo voluntad política sino aritmética legislativa sostenida. El peronismo unificado, los radicales críticos del Gobierno y otros bloques de centroizquierda han intentado consolidar esa mayoría en repetidas ocasiones, con resultados dispares. La fragmentación del campo opositor sigue siendo su principal debilidad estructural en el Congreso. Existe además una dimensión simbólica relevante. La Ley de Tierras de 2011, sancionada durante el kirchnerismo, había sido durante años una bandera de la soberanía nacional frente a la extranjerización del suelo productivo. Que el gobierno de Milei la restituya —aunque sea tácticamente— implica una paradoja ideológica que el propio oficialismo parece dispuesto a asumir con pragmatismo antes que con coherencia doctrinaria. La desregulación tiene sus excepciones cuando la supervivencia política está en juego. El resultado más probable, al cierre de este análisis, es que la sesión no se concrete por falta de quórum. Eso no significa que el DNU 70 quede blindado para siempre ni que la coalición opositora abandone su estrategia de desgaste parlamentario. Significa, en todo caso, que el Gobierno ganó tiempo y que el costo de ese tiempo fue entregar una concesión que, paradójicamente, refuerza una regulación que su propio decreto había eliminado. En el fondo, este episodio ilustra la gramática real del poder en el Congreso argentino: no se trata de mayorías permanentes sino de mayorías construidas escena por escena, negociación por negociación. El oficialismo lo sabe y actúa en consecuencia. La oposición también lo sabe, y su desafío es aprender a sostener coaliciones más allá de la coyuntura para que el quórum no siga siendo una promesa que se diluye antes de llegar al recinto.