miércoles, 14 de octubre de 2026
 
 
     
El Gobierno paga por ignorar a la Corte: la universidad como frente

Escuchar
Una multa diaria a Santilli convierte el conflicto universitario en una crisis institucional que el Ejecutivo ya no puede administrar en silencio.

La Justicia Federal escaló el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público a una dimensión que trasciende el presupuesto: el juez Martín Cormick sancionó a la Jefatura de Gabinete con una multa de $100.000 diarios por desacatar una cautelar que la propia Corte Suprema había ratificado. El responsable político de esa cartera es Diego Santilli, figura del PRO y socio clave de la coalición oficialista. El hecho no es administrativo: es una señal de que el Ejecutivo eligió deliberadamente ignorar una orden judicial firme, y ahora enfrenta consecuencias institucionales concretas. El trasfondo es conocido pero vale precisarlo. El Consejo Interuniversitario Nacional impulsó una cautelar para obligar al Estado a actualizar el financiamiento universitario conforme a la ley vigente. La Corte Suprema respaldó esa medida, cerrando el debate jurídico sobre la obligatoriedad del cumplimiento. Sin embargo, la Jefatura de Gabinete no ejecutó las transferencias correspondientes, en una omisión que difícilmente pueda leerse como error burocrático. El patrón de conducta del Ejecutivo frente al sistema universitario tiene una consistencia que merece análisis. Desde 2024, la administración de Milei utilizó el presupuesto universitario como variable de ajuste, resistiendo actualizaciones por encima de la inflación y disputando la autonomía de las casas de estudio como principio político. La tensión no es financiera solamente: es ideológica. El Gobierno considera que el gasto universitario es ineficiente y políticamente capturado por sectores que le son hostiles. Sin embargo, esa lectura ideológica choca con un límite institucional que la multa judicial vuelve visible. Desacatar una cautelar avalada por la Corte no es una postura política sostenible en el tiempo: es una colisión con el Estado de derecho que genera costos que se acumulan día a día, literalmente. El Ejecutivo queda en una posición incómoda: cumplir implica reconocer la derrota judicial y financiar lo que resistió; no cumplir profundiza una confrontación con el Poder Judicial que tiene pocos antecedentes en democracia. Santilli, como jefe de Gabinete, es el destinatario formal de la sanción pero el centro de gravedad político está en otro lado. La decisión de no acatar la cautelar no pudo tomarse en Balcarce 50 sin involucramiento de las máximas autoridades del Ejecutivo. Eso convierte al episodio en un problema de Milei, no solo de su jefe de ministros. La imagen de un gobierno multado por no financiar universidades públicas tiene un costo en la opinión pública que el relato libertario difícilmente pueda neutralizar con facilidad. El sistema universitario argentino históricamente funcionó como termómetro de la conflictividad política. Las marchas de 2024 en defensa del presupuesto universitario movilizaron sectores que excedían ampliamente al activismo estudiantil tradicional. La judicialización del conflicto representa una nueva etapa: cuando la movilización social no alcanzó para torcer la posición oficial, los actores universitarios encontraron en la Justicia un canal eficaz. Eso reordena el mapa de poder en este conflicto. Lo que está en juego de aquí en adelante es si el Gobierno decide absorber el costo político de la resistencia o cede ante la presión acumulada judicial y social. Ninguna de las dos opciones es cómoda. Ceder sugiere debilidad ante un sector que el oficialismo construyó como adversario. Resistir profundiza una imagen de confrontación con instituciones que incluso sectores del electorado propio valoran. La multa diaria es un mecanismo que hace que el costo de la inacción crezca con el tiempo, transformando cada día de demora en una nueva noticia adversa para el Ejecutivo.