martes, 13 de octubre de 2026
 
 
     
Llaryora coloniza el mapa evangélico: política con Biblia en mano

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El gobernador cordobés teje una red territorial con iglesias evangélicas en los 26 departamentos. Captura de base social o gestión genuina.

El gobernador Martín Llaryora lanzó en Río Tercero una iniciativa para construir una red provincial de referentes evangélicos, con la participación del funcionario David Consalvi como articulador político. La movida no es inocente ni espontánea: en un año donde el peronismo cordobés busca revalidar su hegemonía territorial frente al avance libertario, las iglesias evangélicas representan una red capilar de contención social que ningún armador político ignora. La pregunta que el oficialismo provincial prefiere no formular en voz alta es hasta dónde llega la gestión y dónde empieza el reclutamiento electoral. El evangelismo en Argentina dejó de ser un fenómeno marginal hace al menos dos décadas. Con entre tres y cuatro millones de fieles activos en todo el país, y una presencia especialmente intensa en barrios populares y ciudades intermedias del interior, las comunidades evangélicas constituyen un actor territorial de primer orden. En Córdoba, su implantación en departamentos como Río Cuarto, Punilla, San Justo y el propio Río Tercero es significativa y creciente. Llaryora lo sabe, y su aparato lo mapea. La arquitectura de la iniciativa revela el método. Una red organizada por departamento, con referentes identificados y vinculados al Estado provincial, es estructuralmente idéntica a cualquier armado territorial partidario. La diferencia nominal es que el vehículo formal son las organizaciones religiosas y no las unidades básicas. Pero la lógica de acercar programas provinciales a través de intermediarios con anclaje comunitario es, en el fondo, la misma gramática clientelar que el peronismo doméstico desde hace setenta años. Consalvi, el funcionario designado como cara visible del vínculo, cumple un rol que en otras épocas desempeñaban los punteros barriales clásicos: traducir la oferta estatal en lealtad política territorializada. Que ese rol recaiga sobre alguien con llegada al mundo evangélico no es un detalle administrativo sino una decisión estratégica. Implica reconocer que las iglesias tienen una autoridad de convocatoria que el Estado provincial, por sí solo, ya no garantiza en ciertos sectores de la población. El contexto nacional agrega otra capa de lectura. El avance de La Libertad Avanza entre sectores populares evangélicos, visibilizado en las elecciones de 2023 y sostenido en las mediciones de 2024 y 2025, encendió alarmas en el peronismo de todo el país. Javier Milei cultivó deliberadamente ese vínculo, con apariciones en templos y retórica de tono mesiánico que resonó en esas comunidades. Llaryora parece responder con institucionalidad donde Milei apostó por el carisma. Las tensiones internas del propio campo evangélico cordobés también merecen atención. No todas las iglesias leen de la misma manera la proximidad con el Estado. Hay pastores que valoran el acceso a recursos y reconocimiento institucional, y otros que resisten la cooptación política como una amenaza a la independencia de sus comunidades. La red que impulsa Llaryora tendrá que navegar esa heterogeneidad sin fracturar el vínculo que busca construir. En términos de coyuntura, la iniciativa posiciona al llaryorismo como un actor que no subestima el peso de las identidades religiosas en la disputa política del interior profundo. Si la red funciona, el PJ cordobés habrá encontrado un canal de penetración territorial difícil de replicar por adversarios sin estructura de gobierno. Si fracasa o queda reducida a foto, el costo reputacional es menor. El riesgo político real es otro: que las iglesias cobren protagonismo propio y empiecen a negociar en términos que el gobernador no controla.