La Justicia Federal dio un paso decisivo contra una de las figuras clave del entramado de la obra pública durante el kirchnerismo. El juez Julián Ercolini dictó el procesamiento del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, en el marco de una causa donde se lo investiga por el delito de enriquecimiento ilícito. La resolución judicial incluyó además un embargo preventivo sobre sus bienes por una suma de 1.500 millones de pesos, luego de corroborarse la existencia de una masa patrimonial que no guarda proporcionalidad con los ingresos declarados por el exfuncionario durante su paso por la función pública.

El período bajo la lupa de los investigadores abarca desde el año 2003 hasta 2017, un lapso que coincide temporalmente con la operatoria descrita en la causa conocida como las anotaciones de los "Cuadernos de las Coimas", donde Baratta figura como uno de los principales ejecutores del esquema de recaudación ilegal. De acuerdo con las conclusiones del fallo, la pesquisa logró reconstruir un incremento patrimonial injustificado que incluye el acceso a propiedades inmuebles, vehículos de alta gama y la posesión de importantes montos de dinero en efectivo. Para concretar el ocultamiento de la verdadera titularidad de estos bienes, la Justicia determinó que el imputado echó mano de un entramado de testaferros y prestanombres.

A lo largo del proceso, Baratta intentó respaldar la evolución de sus activos argumentando que los consumos e inversiones eran producto de sus sueldos y de la actividad profesional de su cónyuge, atribuyendo además el efectivo hallado en su domicilio a ahorros de su suegra. Sin embargo, los peritajes contables y las inconsistencias severas en las declaraciones juradas terminaron por volcar el criterio de Ercolini, quien remarcó el uso masivo e injustificado de dinero en efectivo para operaciones de alto valor adquisitivo.