No hay dictamen por ahora para la ley de Defensa de la Soberanía en Malvinas que el Gobierno intenta aprobar en Diputados. Se verá la semana que viene mientras el oficialismo sigue evitando la presencia en el Congreso del canciller Quirno, y concentra en María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica, la exclusiva defensa de todo el proyecto.
La funcionaria está directamente ligada a Santigo Caputo. Y el dato es importante porque en el oficialismo y la oposición explican lo siguiente: La ley tiene 133 artículos y nadie tiene demasiadas objeciones para convalidar los primeros 42. Básicamente porque se remiten, en esencia al perfeccionamiento de la Ley Pino Solanas, que establece distintas sanciones para aquellos que intenten buscar algún tipo de rédito económico o político en las Islas Malvinas. Los 90 restantes, indican opositores y gran parte del oficialismo, tienen letra y autoría intelectual del Caputo asesor.
En ellos, por ejemplo, se determina la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones muy amplias. Entre ellas habilitar el posible derribo de aviones o embarcaciones ("es una condena a muerte sin derecho a la defensa previa" dijo Agustín Rossi) y con un funcionamiento donde no está claro el rol del Ministro de Economía.
La creación del Consejo, según la oposición, también avanza sobre posibles delitos de opinión que ponen en riesgo la libertad de prensa (ya hay reclamos de ADEPA) y habilita una eventual declaración de guerra contra terceros países sin pasar por el Congreso.
Este es el escenario. Parte importante del oficialismo se conformaría con acordar con toda la oposición la primera parte de la ley y mostrarlo como un gran logro libertario. No es poco.
El gobierno viró 180 grados en el tema Malvinas desde la aparición de la bandera reivindicatoria después del partido frente a Inglaterra en el pasado mundial de fútbol. Un proyecto consensuado, antes de discutir Presupuesto y Reforma política, podría ser un punto de partido importante. Tiene que resolver también el tema extranjerización de tierras. Debe encontrar una solución. No es sencillo de explicar que se esté impulsando el tema Malvinas y no resolver éste punto que quedó derogado en el DNU 70/30 y puesto otra vez en vigencia por la resolución de la Corte Suprema de la semana pasada. ¿Puede haber un DNU del oficialismo antes del próximo 15 que regule con algún porcentaje la tenencia de tierras para extranjeros? Es una posibilidad.
Aprobar la ley larga, con todos los ingredientes pergeñados por Santiago Caputo es un camino más escabroso, pero en el propio oficialismo dicen que no es sencillo bajar gran parte del proyecto que envía el Ejecutivo y sólo votar la primera parte. Conseguir los votos no será tan sencillo. Es el tablero de siempre. Están los propios, pero habrá que trabajar mucho para llegar a 129 en un tema dónde a ningún representante de los gobiernos provinciales le cierra depositar tanto poder en el Consejo de Seguridad y esquivar el Congreso en demasiadas circunstancias. A diferencia de lo que se ve en otros proyectos, en este la funcionaria Ibarzábal Murphy dijo que está abierta a todos los cambios que sean necesarios para lograr consenso, y avanzar así con una idea común. Se verá. Hoy hay convalidación para el tema Malvinas y mucha resistencia al conjunto de ideas que coló Caputo asesor en el proyecto.