domingo, 4 de octubre de 2026
 
 
     
Misiones apela a la Justicia para frenar la Ley Bases

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Passalacqua judicializa el conflicto territorial antes de que la norma nacional avance sobre una provincia que limita en un 90% con Brasil y Paraguay.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, convirtió al Poder Judicial en su principal herramienta defensiva frente a la Ley de Tierras impulsada por el gobierno nacional. La instrucción al Fiscal de Estado para bloquear cualquier operación que comprometa el patrimonio territorial misionero no es un gesto administrativo menor: es una declaración política de que la provincia no acatará pasivamente una norma que considera una amenaza a su integridad geográfica y soberana. El movimiento instala a Misiones como el primer frente de resistencia institucional concreta contra una de las reformas más sensibles del programa libertario. Misiones es una provincia geopolíticamente singular dentro del mapa argentino. Su territorio limita en aproximadamente un 90% con Brasil y Paraguay, lo que la convierte en un corredor fronterizo estratégico con escasa continuidad territorial con el resto del país. Esa condición no es un dato pintoresco: históricamente determinó políticas de protección sobre la tierra que otros distritos no necesitaron blindar con la misma urgencia. La tierra misionera no es solo suelo productivo; es perímetro nacional. La Ley de Tierras en debate plantea una desregulación del mercado inmobiliario rural que, en términos generales, apunta a flexibilizar restricciones a la compra extranjera de tierras. Para provincias del interior pampeano, el impacto puede ser difuso o gradual. Para Misiones, la ecuación es inmediata: cualquier apertura al capital extranjero en zonas de frontera representa un problema de seguridad territorial con consecuencias que exceden lo económico. La decisión de Passalacqua de ir a la Justicia antes de que la ley se aplique revela una estrategia preventiva que busca construir jurisprudencia antes de enfrentar hechos consumados. Al activar al Fiscal de Estado, el gobernador crea un mecanismo de veto administrativo que puede operar caso por caso, transacción por transacción, sin necesidad de una confrontación legislativa directa con el Congreso o el Ejecutivo nacional. Es una ingeniería institucional defensiva. En el plano político, el movimiento de Misiones tensiona la relación entre el gobierno de Milei y los bloques provinciales que, hasta ahora, mantuvieron una coexistencia funcional con La Libertad Avanza. El Partido Renovador de la Familia Passalacqua tiene una tradición de autonomía política que le permitió sobrevivir a múltiples ciclos nacionales sin subordinarse completamente a ninguno. Esa independencia vuelve a activarse cuando percibe que la agenda nacional amenaza intereses locales concretos. El antecedente más relevante es la propia Ley de Tierras de 2011, sancionada bajo el kirchnerismo, que estableció límites a la extranjerización del suelo rural argentino. Que una administración que se reivindica como rupturista y desreguladora avance sobre ese marco genera una paradoja: el Estado nacional retrocede precisamente donde el interés estratégico aconseja presencia. Provincias como Misiones leen esa paradoja con alarma genuina, no con oportunismo opositor. El conflicto que se abre no es solo legal sino constitucional en su fondo. Define hasta dónde puede el gobierno central remodelar el régimen de tierras sin el consentimiento activo de las provincias que administran esos territorios fronterizos. Misiones eligió la vía judicial porque es la más difícil de ignorar políticamente y la que más costos genera al poder central si decide avanzar de todas formas. La batalla por la tierra misionera es, en realidad, una batalla por los límites del federalismo en la era Milei.