viernes, 2 de octubre de 2026
 
 
     
Francia: el ajuste educativo despierta a la generación que viene

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Más de 400 liceos bloqueados revelan una fractura entre el gobierno y la juventud francesa que va mucho más allá del presupuesto escolar.

Francia enfrenta una nueva ola de movilización estudiantil secundaria que bloqueó más de 400 liceos en todo el territorio nacional. Los protagonistas son jóvenes de entre 15 y 18 años que rechazan recortes presupuestarios en el sistema educativo público, y su irrupción no es un dato anecdótico: representa la primera gran prueba de fuego para el gobierno en términos de conflictividad social con una generación que todavía no vota pero que ya tiene poder de veto sobre la agenda política. El conflicto se inscribe en un ciclo de ajuste fiscal que el gobierno francés viene ejecutando con la excusa de la consolidación presupuestaria post-pandemia y post-crisis energética. La educación pública, históricamente uno de los pilares del modelo republicano francés, absorbió recortes que afectan desde la contratación de docentes hasta el financiamiento de actividades extracurriculares. Para una sociedad que construyó su identidad nacional en torno al ideal del acceso universal al conocimiento, tocar la escuela pública es tocar un nervio profundo. Los liceos bloqueados no son una novedad histórica en Francia. La tradición de protesta estudiantil secundaria tiene antecedentes tan contundentes como el movimiento de 1986 contra la reforma Devaquet, que logró la renuncia del ministro de Educación, o las movilizaciones de 1994 y 2005. En cada uno de esos ciclos, el gobierno de turno subestimó la capacidad organizativa de los estudiantes y terminó cediendo. La memoria de esas victorias forma parte del ADN político de la juventud francesa y funciona como manual de acción colectiva. La respuesta gubernamental hasta ahora combina el silencio institucional con declaraciones de apertura al diálogo que no se traducen en propuestas concretas. Esa ambigüedad es políticamente costosa: alimenta la percepción de que el poder no escucha y radicaliza a sectores moderados del movimiento. El riesgo para el ejecutivo es que la protesta estudiantil se convierta en catalizador de malestar más amplio, como ocurrió en 2018 cuando el movimiento de los chalecos amarillos absorbió tensiones acumuladas durante años. Hay una dimensión generacional en este conflicto que merece atención analítica. Los estudiantes secundarios de hoy son la primera generación que atravesó su adolescencia entera en condiciones de crisis superpuestas: pandemia, incertidumbre climática, precarización laboral de sus mayores. Su relación con las instituciones es de desconfianza estructural, no coyuntural. Cuando perciben que el Estado recorta precisamente el servicio que más los afecta en el corto plazo, la respuesta no es resignación sino acción directa. Para la oposición francesa, tanto de izquierda como de derecha, la protesta estudiantil es una oportunidad táctica. La izquierda nucleada en torno a La France Insoumise ya expresó solidaridad con el movimiento y lo enmarca en una narrativa más amplia de resistencia al neoliberalismo educativo. La derecha tradicional, en cambio, oscila entre la condena a los métodos de protesta y la crítica al gobierno por su gestión deficiente del conflicto. Ninguno de los dos bloques controla el movimiento ni puede apropiarse fácilmente de su agenda. Lo que está en juego en Francia tiene resonancias que exceden sus fronteras. En un contexto europeo donde varios gobiernos ensayan recortes en educación y servicios públicos bajo presión de las reglas fiscales comunitarias, la capacidad del movimiento estudiantil francés para imponer costos políticos reales al ajuste puede convertirse en referencia para otras sociedades. Argentina, que conoce bien la dinámica de la movilización educativa como termómetro de la temperatura social, tiene razones propias para seguir de cerca este proceso.