viernes, 2 de octubre de 2026
 
 
     
Pettovello interviene en el Pellegrini: política sobre una herida

Escuchar
Capital Humano presiona a la UBA por el escándalo de deepfakes sexuales, mientras las familias esperan respuestas desde hace más de dos meses.

El Ministerio de Capital Humano convirtió en instrumento político una crisis que las autoridades educativas de la UBA no supieron o no quisieron resolver a tiempo. La cartera conducida por Sandra Pettovello le exigió al rector Ricardo Gelpi un informe detallado sobre las sanciones aplicadas a los alumnos del Colegio Nacional Carlos Pellegrini involucrados en la creación y circulación de imágenes íntimas falsas generadas con inteligencia artificial. El pedido llega con más de dos meses de demora institucional, pero con una velocidad política que no es casual. El caso en sí mismo es grave e independiente de cualquier lectura electoral. Adolescentes —en su mayoría alumnas— fueron víctimas de una práctica que combina violencia de género digital con el uso de tecnología de IA generativa para producir material sexualmente explícito sin consentimiento. Las familias afectadas denunciaron que la respuesta del Pellegrini fue lenta, opaca y desproporcionadamente blanda con los agresores. Pero la intervención del gobierno nacional no se explica solo por sensibilidad ante esa gravedad. Capital Humano eligió este momento, esta institución y este formato —un pedido de informe formal, con nombre y apellido del rector— para marcar territorio en un espacio que históricamente le fue hostil al oficialismo. La UBA y sus colegios preuniversitarios son bastiones de una cultura institucional que La Libertad Avanza percibe como parte del entramado de poder que busca desmantelar. Gelpi quedó en una posición incómoda. El rector, que ya enfrenta tensiones presupuestarias con el gobierno nacional, ahora debe responder públicamente por la gestión disciplinaria de un colegio secundario dependiente de la universidad. La UBA tiene autonomía constitucional, pero esa autonomía no la protege del escrutinio político cuando la opinión pública está del lado de las víctimas. Responder tarde o con evasivas profundiza el daño institucional. El episodio expone además una ausencia estructural: Argentina no tiene un protocolo unificado y vinculante para que las instituciones educativas gestionen casos de violencia digital entre menores. Cada establecimiento improvisa. El Pellegrini improvisó mal. Y esa improvisación le dio al gobierno nacional una palanca de intervención que, sin ese vacío, no hubiera tenido legitimidad suficiente para ejercer. Desde una perspectiva de coyuntura, el movimiento de Pettovello es también una señal hacia la interna del espacio libertario y hacia la opinión pública más amplia: el gobierno busca mostrarse activo en temas de agenda social que generan consenso transversal, compensando el desgaste en áreas donde las políticas de ajuste producen fricción. La violencia digital contra adolescentes mujeres es un terreno donde el oficialismo puede aparecer como defensor sin costo electoral aparente. Lo que queda pendiente —y es lo verdaderamente relevante— es si este pedido de informe deriva en alguna consecuencia concreta para las víctimas o si se agota en el gesto. Las familias no necesitan que dos poderes se midan políticamente sobre sus hijas. Necesitan saber qué sanción recibieron los responsables, qué reparación obtuvieron las afectadas y qué mecanismo evitará que esto se repita. Sobre esas respuestas, hasta ahora, el silencio es generalizado.