viernes, 2 de octubre de 2026
 
 
     
El 15 de octubre, la oposición pone a prueba los límites del DNU

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Diputados vota el rechazo al megadecreto 70/23. Si prospera, vuelven leyes de alquileres, góndolas y prepagas que Milei desreguló de un plumazo.

El 15 de octubre se convirtió en una fecha bisagra para el experimento desregulador de Javier Milei. La oposición tiene los votos contados para rechazar en la Cámara de Diputados el DNU 70/23, el megadecreto que en diciembre de 2023 derogó o modificó más de 300 normas en un solo acto. El fallo de la Corte Suprema que habilitó el tratamiento parlamentario no es un detalle menor: es el marco institucional que legitima el intento de revertir la mayor operación de desregulación de la historia argentina reciente. El DNU 70/23 fue la primera gran apuesta política de la gestión Milei. Firmado a menos de dos semanas de asumir, condensaba la filosofía libertaria en formato decreto: sin negociación legislativa, sin gradualismo, sin consensos. Entre sus blancos principales estaban la ley de alquileres, la ley de góndolas, la regulación de precios de la medicina prepaga y una serie de controles sobre mercados que el gobierno consideraba distorsivos. La lógica oficial era que la desregulación acelerada generaría eficiencias de mercado que beneficiarían a los consumidores en el mediano plazo. Lo que el oficialismo no calculó con precisión fue el efecto político acumulado de esas reformas. El mercado de alquileres se reacomodó de manera caótica en los primeros meses, con aumentos que superaron cualquier parámetro previo. Las prepagas aplicaron incrementos de tres dígitos antes de que la Corte frenara parte del decreto. La ley de góndolas, que obligaba a exhibir productos de pequeños productores, dejó de tener vigencia sin que el mercado generara una alternativa visible. La oposición que hoy impulsa el rechazo es heterogénea y esa heterogeneidad es políticamente relevante. Unión por la Patria, la UCR crítica del gobierno y sectores del peronismo provincial confluyen en una mayoría que no comparte prácticamente ningún otro punto programático. Lo que los une no es un proyecto alternativo de país sino el rechazo a la metodología: gobernar por decreto materias que requieren debate legislativo. Es una mayoría de veto, no de construcción. El escenario post-rechazo es técnicamente complejo. Si Diputados vota en contra y el Senado acompaña, las leyes derogadas por el DNU recuperarían vigencia automática. Pero dos años de mercado funcionando bajo las nuevas reglas generaron contratos, precios y expectativas que no se deshacen con una votación. La restitución normativa no implica una restauración de la realidad previa: el sistema de alquileres volvería a tener una ley, pero el mercado inmobiliario es hoy otro. Para el Gobierno, la votación tiene un valor que excede lo jurídico. Una derrota en Diputados sería la señal más clara de que la coalición legislativa que sostuvo a Milei en su primer año se fracturó de manera estructural. El PRO, socio incómodo, deberá definir su posición con más precisión de la que ha mostrado hasta ahora. Abstenerse o dividirse en la votación equivale a un mensaje político de enorme peso hacia el interior de la alianza oficialista. El 15 de octubre no resuelve el debate de fondo sobre el modelo económico ni sobre el rol del Estado en la regulación de mercados sensibles. Lo que sí pone en evidencia es la tensión irresuelta entre la velocidad que Milei eligió para transformar la Argentina y la capacidad real del sistema institucional para procesar cambios de esa magnitud sin consenso político. Esa tensión seguirá siendo el eje de la disputa política durante lo que resta del mandato.