jueves, 1 de octubre de 2026
 
 
     
Deepfakes en el Pellegrini: el Estado llega tarde y con cálculo

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Capital Humano le exige explicaciones a la UBA dos meses después del escándalo de imágenes íntimas falsas generadas con IA. La demora revela más que urgencia.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, intimó al rector de la UBA Ricardo Gelpi a presentar un informe detallado sobre las sanciones aplicadas a los alumnos del Colegio Carlos Pellegrini involucrados en la creación y circulación de imágenes íntimas falsas generadas con inteligencia artificial. El pedido llega con más de dos meses de retraso respecto al hecho original, lo que transforma este gesto institucional en algo más parecido a una movida de presión política que a una respuesta genuina de protección a las víctimas. El caso sacudió a la comunidad educativa del Pellegrini a principios de mayo: alumnos varones utilizaron herramientas de IA para generar imágenes sexualizadas falsas de compañeras, que luego circularon por redes privadas de mensajería. Las familias de las afectadas denunciaron los hechos ante las autoridades del colegio y esperaron una respuesta institucional que nunca llegó con la contundencia necesaria. Ese silencio prolongado es el verdadero centro del problema. La intervención tardía del ministerio no puede leerse por fuera del contexto de tensión permanente entre el gobierno de Javier Milei y la Universidad de Buenos Aires. La Casa Rosada y Capital Humano sostienen desde 2024 un conflicto abierto con la UBA por financiamiento, autonomía y control presupuestario. En ese marco, la intimación a Gelpi funciona también como una herramienta de señalamiento político: se instala la imagen de una universidad que no cuida a sus estudiantes y necesita ser fiscalizada por el Ejecutivo. Gelpi y las autoridades del Pellegrini quedan así en una posición incómoda. Si las sanciones aplicadas fueron insuficientes, la responsabilidad institucional es real y merece escrutinio. Pero ese escrutinio gana legitimidad solo si proviene de un Estado que actuó con celeridad y no de uno que esperó dos meses para aparecer en escena cuando el caso volvió a circular en medios. La demora del ministerio es un dato político tan relevante como la eventual inacción de la UBA. El fenómeno de los deepfakes íntimos no generados por consentimiento es un problema estructural que excede ampliamente al Pellegrini. En Argentina no existe todavía una legislación específica que tipifique penalmente la creación y difusión de este tipo de contenido cuando las víctimas son menores de edad y las imágenes son artificialmente generadas. Ese vacío legal es la madre de todas las inacciones: sin marco normativo claro, ni las escuelas ni las fiscalías saben con precisión cómo proceder. Las familias denuncian inacción, pero el Estado nacional tampoco produjo en estos dos meses ninguna iniciativa legislativa de emergencia ni protocolo educativo específico para casos de violencia digital con IA. El ministerio que hoy exige explicaciones es el mismo que tiene competencia para impulsar marcos de acción y no lo hizo. Esa contradicción debilita la autoridad moral del reclamo oficial y lo reduce a un gesto reactivo sin sustancia programática detrás. Lo que el caso Pellegrini expone con brutalidad es la velocidad con que la tecnología supera a las instituciones educativas, judiciales y políticas. Los colegios no tienen protocolos. Los jueces no tienen tipos penales precisos. Los ministerios no tienen políticas. Y las adolescentes afectadas quedan atrapadas en esa triple orfandad institucional mientras los actores del sistema se señalan mutuamente. La pregunta que DATAPOLITICA instala es esta: si no hubo tensión política preexistente entre el gobierno y la UBA, ¿este ministerio hubiese actuado igual, o directamente no hubiese actuado?