jueves, 1 de octubre de 2026
 
 
     
Grabois, el síntoma: el Congreso ante su propio límite institucional

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La iniciativa para expulsar al diputado del MTE expone una crisis de convivencia legislativa que va mucho más allá de un episodio de violencia.

El pedido de expulsión de Juan Grabois de la Cámara de Diputados no es, en rigor, una discusión disciplinaria: es el espejo de una crisis institucional que el oficialismo y la oposición tradicional llevan meses alimentando por igual. Un legislador de Provincias Unidas presentó un proyecto para crear una comisión especial que investigue la conducta de Grabois tras la violenta pelea ocurrida en el ámbito de comisiones, y el diputado respondió con un descargo encendido en redes sociales que escaló aún más el conflicto. Lo que está en juego no es la continuidad de un dirigente, sino la pregunta sobre qué clase de deliberación tolera el Congreso argentino en 2025. Grabois llegó al Parlamento como expresión de un sector del peronismo que históricamente operó por fuera de la lógica institucional clásica. Su trayectoria como líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos lo formó en la confrontación directa, en la calle y en la negociación con el Estado desde afuera. Esa lógica trasplantada al recinto genera cortocircuitos permanentes con las formas parlamentarias, pero también con los equilibrios tácticos de una oposición que necesita orden para construir una alternativa creíble frente al gobierno de Javier Milei. El bloque de Provincias Unidas sabe que el proyecto de expulsión tiene chances mínimas de prosperar: requiere dos tercios de los votos presentes, un umbral políticamente inalcanzable en la composición actual de la Cámara. Sin embargo, la iniciativa cumple una función política precisa: correrse del barro, marcar territorio y diferenciarse de una izquierda y un kirchnerismo duro que ven en Grabois un aliado incómodo pero útil. La operación es menos jurídica que comunicacional. El descargo de Grabois en redes sociales respondió con la misma intensidad que se le critica: confrontación sin matices, reivindicación del conflicto como método y acusaciones cruzadas que alimentan el ciclo mediático. Esa dinámica es funcional a su construcción de identidad política, pero lo aleja progresivamente de los espacios de negociación que una oposición fragmentada necesita para sobrevivir a la hegemonía legislativa del gobierno. Grabois elige ser protagonista del escándalo antes que articulador de mayorías. En el fondo, este episodio revela una tensión estructural del peronismo opositor: no sabe cómo procesar internamente sus diferencias de estilo y de estrategia. La convivencia entre el pragmatismo de gobernadores, el kirchnerismo duro y los movimientos sociales dentro de un mismo espacio parlamentario produce fricciones que tarde o temprano estallan en público. El incidente en comisiones no fue un accidente: fue la forma que adoptó una contradicción que nadie resolvió antes. Para el gobierno de Milei, el espectáculo es puro beneficio. Cada vez que la oposición se enzarza en disputas internas de este calibre, el oficialismo consolida su relato de que el sistema político anterior era disfuncional por naturaleza. La expulsión o no de Grabois importa menos que el ruido que genera, y ese ruido trabaja para La Libertad Avanza sin que tenga que invertir un solo recurso político en producirlo. El Congreso argentino necesita con urgencia un debate sobre sus propios mecanismos de regulación interna, no como respuesta punitiva a Grabois, sino como condición de posibilidad para que la deliberación tenga algún sentido. Sin ese debate, cada episodio violento se convierte en munición para quienes sostienen que las instituciones representativas son parte del problema y no de la solución.