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miércoles, 30 de septiembre de 2026




DNU de tierras rompe la coalición oficialista Escuchar La embestida de Carrió contra el decreto de Milei expone una grieta profunda dentro del espacio que sostiene al gobierno en el Congreso. La decisión del gobierno de Javier Milei de derogar por decreto los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros no es un episodio menor de la agenda legislativa: es una señal de época que activa alarmas en sectores que hasta ahora habían mantenido una convivencia tensa pero funcional con La Libertad Avanza. El DNU en cuestión elimina restricciones establecidas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, normas que habían logrado un consenso transversal raro en la política argentina y que apuntaban a proteger la soberanía territorial frente al avance del capital extranjero sobre zonas estratégicas. Elisa Carrió representa en este conflicto algo más que una voz crítica aislada. La fundadora del PRO disidente y referente de la Coalición Cívica encarna una tradición republicana que colisiona frontalmente con la lógica desreguladora del mileísmo en su versión más cruda. Su caracterización de los ministros firmantes como 'empleados a sueldo para la enajenación de la Nación' es una acusación política de gravedad institucional, no una hipérbole retórica: implica subordinación de funcionarios públicos a intereses privados de origen externo. El uso del DNU como herramienta para esta reforma resulta en sí mismo revelador. El gobierno nacional evitó el debate parlamentario en una materia que históricamente genera resistencias cruzadas, lo que sugiere conciencia de que la iniciativa no contaría con los votos necesarios si se tratara por los canales legislativos ordinarios. Esa decisión de cortocircuitar el Congreso es lo que habilita a Carrió a plantear la nulidad absoluta del instrumento. El antecedente inmediato es la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Aquella norma estableció un tope del quince por ciento de tierras rurales en manos extranjeras y restricciones adicionales sobre zonas de frontera y recursos hídricos. Fue el resultado de un debate que involucró a fuerzas políticas diversas y reflejó un consenso sobre soberanía que trascendía la grieta ideológica del momento. La coyuntura electoral agrega una variable que el gobierno no puede ignorar. Con las legislativas de octubre en el horizonte, cualquier fractura dentro del bloque parlamentario que sostiene a Milei tiene costos concretos. Carrió no solo habla para la tribuna: habla para los legisladores del PRO y de los espacios provinciales que todavía evalúan su posicionamiento frente a un oficialismo que acumula iniciativas polémicas a ritmo acelerado. El rechazo parlamentario del DNU, si prospera, sería el segundo golpe institucional significativo que sufre el gobierno después del veto al financiamiento universitario. Esa acumulación de derrotas legislativas erosiona la narrativa de poder omnipotente que el oficialismo necesita sostener para mantener su capital político. La pregunta que queda abierta es si la oposición dialoguista tiene esta vez la cohesión suficiente para traducir el malestar en votos concretos dentro de ambas cámaras. Más allá de la disputa coyuntural, el debate sobre la venta de tierras toca un nervio estructural de la Argentina: la tensión entre apertura irrestricta al capital global y resguardo de los activos estratégicos nacionales. Milei apostó a que ese debate estaba saldado en su favor. Carrió, con toda su imprevisibilidad táctica, acaba de demostrar que no lo está.