miércoles, 30 de septiembre de 2026
 
 
     
La Corte abre la puerta a la extranjerización del suelo argentino

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El fallo sobre la Ley de Tierras desarma un instrumento clave de soberanía territorial en plena oleada de inversiones foráneas en el agro.

La decisión de la Corte Suprema que pone en cuestión la Ley de Tierras rurales no es un fallo técnico sobre regulación administrativa: es un pronunciamiento con consecuencias estructurales sobre quién controla el territorio productivo argentino. En un contexto de presión financiera externa y repliegue del Estado regulador, el máximo tribunal habilita un escenario que el historiador Pablo Volkind califica como regresivo en términos de soberanía económica. La Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, estableció límites claros a la adquisición de tierras rurales por extranjeros: no más del 15% del territorio nacional podía quedar en manos foráneas, con techos adicionales por provincia y cuenca hídrica. La norma surgió como respuesta a un proceso documentado de concentración transnacional del suelo que se aceleró durante los 2000, cuando el boom sojero disparó el valor de la tierra pampeana y patagónica. El fallo abre una brecha regulatoria en un momento particularmente sensible. El gobierno de Milei avanza en una desregulación generalizada del mercado de factores productivos, y la tierra rural no es la excepción. Eliminar o vaciar de contenido los controles sobre extranjerización equivale a entregar al mercado internacional una variable estratégica que históricamente el Estado argentino retuvo como instrumento de política. Lo que está en juego no es solo la propiedad jurídica del suelo, sino el control sobre los recursos que ese suelo contiene: agua subterránea, minerales, capacidad productiva alimentaria. En un mundo donde las potencias y los fondos soberanos compiten por activos reales ante la volatilidad financiera, Argentina ofrece tierra fértil a precios relativos bajos por efecto de su propia inestabilidad macroeconómica. La perspectiva histórica que aporta Volkind resulta pertinente: la concentración de la tierra en pocas manos —proceso que signó la formación del Estado argentino en el siglo XIX— tuvo consecuencias distributivas que perduran hasta hoy. La extranjerización agrega una capa adicional: no solo se concentra la propiedad, sino que las decisiones sobre el uso del suelo migran fuera del alcance de la política pública nacional. Los actores del sector agrario están lejos de ser homogéneos frente a este fallo. Los grandes pools de siembra y los fondos de inversión celebran la apertura, mientras que organizaciones de pequeños productores y movimientos campesinos advierten sobre el desplazamiento territorial que históricamente acompaña los ciclos de valorización del suelo. La tensión entre ambas visiones del campo argentino vuelve a primer plano. El debate no debería reducirse a una disputa ideológica entre aperturismo y nacionalismo económico. La pregunta de fondo es si Argentina tiene o no una estrategia de largo plazo sobre sus recursos naturales. El fallo de la Corte, en ausencia de esa estrategia, no resuelve una disputa jurídica: consolida una renuncia.