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| sábado, 26 de septiembre de 2026 |
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El caso Rigau expone el sistema de complicidades del Senado bonaerense
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La Justicia avanza sobre ex legisladores de Juntos por el Cambio mientras Diputados maniobra para blindar información clave del escándalo.
El caso conocido como 'Chocolate' Rigau dejó de ser un expediente judicial aislado para convertirse en un termómetro de la cultura política que atravesó al Senado bonaerense durante años. La citación de diez ex senadores pertenecientes a la UCR, el PRO y la Coalición Cívica no es un detalle menor: implica que la práctica de los empleados fantasma no fue patrimonio exclusivo del peronismo, sino un sistema transpartidario de reparto de cargos que funcionó con reglas propias y consensos tácitos.
El perfil de los convocados a declarar revela una arquitectura de complicidades que excede lo individual. Los llamados 'ñoquis' del Senado provincial eran una pieza dentro de un engranaje más amplio donde los operadores —con Rigau como figura visible— actuaban como intermediarios entre el poder político y el empleo público irregular. Que legisladores de la oposición hayan formado parte de ese circuito erosiona el relato de la 'nueva política' que esos mismos partidos enarbolaron durante la etapa de Cambiemos.
El timing judicial tiene una lectura política inevitable. Las citaciones ocurren en un momento en que la Cámara de Diputados bonaerense despliega maniobras para restringir el acceso a información que permitiría identificar a quienes avalaron esas designaciones irregulares. La tensión entre el avance judicial y la resistencia legislativa dibuja un escenario donde las instituciones no actúan en sintonía, sino en direcciones opuestas según los intereses en juego.
Esa resistencia en Diputados merece análisis propio. Blindar información en un contexto de investigación judicial activa no es una posición neutral: es una decisión política con consecuencias jurídicas y reputacionales para quienes la sostienen. El argumento de la reserva institucional, cuando se aplica selectivamente para proteger a actores señalados en una causa penal, pierde toda legitimidad democrática y se convierte en obstrucción encubierta.
Históricamente, el Senado bonaerense funcionó como una caja de resonancia del clientelismo provincial. La planta de empleados fue durante décadas un instrumento de negociación política entre bloques, donde cada bancada administraba su cuota de cargos con escasa transparencia y nulo control ciudadano. Rigau no inventó ese sistema: lo perfeccionó y lo hizo más visible al punto de volverse judicializable.
La causa tiene además una dimensión que la proyecta hacia el futuro legislativo provincial. Si la Justicia confirma que el sistema de ñoquis operó de manera transversal, el Senado bonaerense enfrentará una presión real para reformar sus mecanismos de designación de personal. Esa reforma, hasta ahora bloqueada por la inercia corporativa de los bloques, podría ganar impulso político si las declaraciones de los ex senadores aportan evidencia concreta sobre el funcionamiento del esquema.
El caso Rigau es, en definitiva, un espejo incómodo para la política bonaerense en su conjunto. Ningún espacio puede reclamar superioridad moral mientras la investigación judicial sigue abierta y los indicios apuntan a una responsabilidad distribuida. La verdadera disputa que se avecina no es solo judicial: es sobre quién escribe el relato de lo que ocurrió en el Senado y quién logra quedar fuera del encuadre.
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