Datapolítica

miércoles, 23 de septiembre de 2026




Presupuesto 2027: la discapacidad como termómetro del Estado El tratamiento del capítulo de discapacidad en el Presupuesto 2027 expuso fallas de gestión, tensiones internas y la fragilidad política del oficialismo. El Gobierno de Javier Milei volvió a tropezar con una de las áreas más sensibles del Estado: la discapacidad. Lo que debió ser un trámite legislativo ordenado se convirtió en una crisis de gestión que obligó a la Casa Rosada a moverse de manera reactiva, conteniendo daños en lugar de conducir el proceso. No es un accidente aislado: es un patrón. El capítulo de discapacidad dentro del Presupuesto 2027 generó un vendaval político que el oficialismo no supo anticipar ni encauzar. El dictamen que emergió del proceso legislativo carga con dudas que no son menores: interrogantes sobre partidas, criterios de asignación y garantías de continuidad para programas que afectan a millones de familias argentinas. Cuando un dictamen genera más preguntas que certezas, el problema no es técnico sino político. La designación de un nuevo secretario del área es la señal más elocuente del diagnóstico oficial. Los cambios de autoridades en medio de una crisis rara vez son soluciones estructurales; funcionan como válvulas de escape que alivian la presión mediática sin resolver las tensiones de fondo. La pregunta relevante no es quién ocupa el cargo, sino qué margen presupuestario y político tendrá para operar. Las fricciones internas que afloraron durante este episodio revelan una disputa latente dentro del propio espacio libertario sobre cómo gestionar el Estado de bienestar residual que La Libertad Avanza heredó y prometió transformar. Hay sectores que priorizan el ajuste fiscal sin discriminación de áreas; otros que reconocen los costos políticos de avanzar sobre poblaciones vulnerables sin colchón institucional. Esa tensión no está resuelta. En términos históricos, la política de discapacidad en Argentina acumula décadas de deuda institucional, clientelismo y solapamiento de programas. Ningún gobierno logró ordenar el sistema de manera sustentable. Pero el contexto actual agrega una variable nueva: un esquema de ajuste que redujo transferencias, tensionó prestaciones y debilitó organismos de control, todo de manera simultánea y en tiempo récord. Las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias llevan meses en estado de alerta. La incertidumbre presupuestaria no es abstracta para ellas: se traduce en prestaciones discontinuadas, obras sociales que demoran reintegros y familias que sostienen costos que el sistema debería cubrir. Ese malestar social acumulado es el verdadero combustible que convirtió un debate presupuestario en una crisis política. El episodio deja una enseñanza que el Gobierno parece resistirse a incorporar: en democracia, la eficiencia del ajuste se mide también por su capacidad de sostener legitimidad social. Gestionar la discapacidad como un gasto a contener, en lugar de un derecho a garantizar, tiene un techo político bajo. El nuevo secretario y el dictamen con dudas son síntomas; la causa es una concepción del Estado que todavía no encontró cómo dialogar con su propia ciudadanía más vulnerable.