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| domingo, 20 de septiembre de 2026 |
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Humo
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Llega en el medio del tema Malvinas, con letra de Santiago Caputo. Tiene destino de vía muerta. Porque el asesor tiene una representación mínima en el Congreso, porque hay muchos rechazos opositores y porque las urgencias oficialistas hoy son otras: Presupuesto 2027, Reforma politica y Super Rigi.
No hay a la vista demasiados caminos que permitan ser optimistas e imaginar que el oficialismo puede tratar y aprobar de acá a diciembre la ley de Defensa de la Soberanía que ingresó esta semana. El principal problema del proyecto es que su máximo responsable es Santiago Caputo y el asesor monotributista tiene una representación mínima en Diputados y Senadores. Fue el autor intelectual de reponer el tema Malvinas y se lo agradecen. Es mucho menos árido este tema que lidiar con la caída de la actividad en el segundo trimestre, el posible ingreso técnico en recesión y la inflación mayorista de agosto, pero no parece haber margen para varios de los artículos de la ley.
La posible modificación de cualquier articulado de la Ley de Defensa es siempre un tema muy sensible. La actual es hija de la recuperación de la democraciá y escencialmente se planteó cómo la principal herramienta para descartar la participación interna de las FFAA en cualquier tipo de escenario. En este proyecto, dónde nadie en el Gobierno niega la mano del Caputo asesor, se plantea modificaciones por amenzas "no estatales" y "no cinéticas"(combinación de ataques cibernéticos y guerra electrónica) y se habilita a las FFAA a proteger "infraestructuras críticas" identificadas por el Consejo de Seguridad. Los tres puntos, por falta de especificidades, generaon inquietud y preocupación en opositores varios. El Consejo de Seguridad, creado en dictadura, es otra cuestión sobre la que aparecen objeciones. En la normativa podría tener facultades delegadas para aplicar medidas urgentes cómo congelamiento de fondos, subir aranceles o suspender permisos sin intervención judicial previa.
El punto más cuestionado por asociaciones de prensa y varios constitucionalistas es la creación de nuevos delitos penales: Por ejemplo, espionaje a favor de un Estado extranjero, colaboración con "inteligencia extranjera" o alterar procesos electorales desde el exterior. La voz de alerta sobre el tema indica que podrían generarse denuncias sin pruebas poniendo en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa.
Lo central en la cuestión es que nada indica que el proyecto avance demasiado. Todavía no hay fecha para el posible inicio del tratamiento y ni siquiera están asignadas las comisiones, que serían más de tres. No debería prosperar porque el Ejecutivo tiene otras urgencias cómo el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y el Super Rigi. Sirve para no hablar de Economía y para que Caputo plasme su síntesis de control de caja, espionaje y juegos cibernéticos. Que se transforme en ley es una cuestión muy diferente.
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