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| jueves, 25 de abril de 2024 |
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Tablero
Gremios y organizaciones sociales anticipan un agosto de elevada conflictividad. El Gobierno apuesta a bajar tensiones cancelando deuda con las Obras Sociales. Y quiere cambios en las ART para bajar costos laborales. Tiene espacio?
La preocupante agenda gremial y social de este mes comenzó con un paro docente parcial en la provincia de Buenos Aires (no convocó Suteba, el sindicato mas importante) y sigue hasta fin de mes. Incluye movilizaciones de sectores de izquierda contra el tarifazo, la convocatoria de movimientos sociales a pedir por paz, pan y trabajo en San Cayetano el próximo domingo y acciones convocados por las dos CTA y la CGT a partir del reemplazo de Moyano en la conducción.
La estrategia del Gobierno ante un panorama complejo tendrá dos caminos diferentes. Algunos reclamos (los de ATE por ejemplo) no tendrán respuesta. Suponen que no hay acuerdo posible. Históricamente, indican, este sector será siempre parte del núcleo duro opositor.
Para la CGT hay otra carta. Ahora sí comenzaría a abonarse parte de la vieja deuda del Gobierno -herencia de CFK en gran parte- con las Obras Sociales controladas por los sindicatos. Son mas de 2500 millones de pesos y todavía no está determinado el modo en que serán saldados. Con seguridad el acuerdo puede ser un paliativo clave para desinflar reclamos pero también son ciertas otras dos cuestiones:
a) Que haya Obras sociales mas saneadas y con mejores recursos es muy buen dato para el trabajador pero la estabilidad del empleo y el poder adquisitivo del salario transitan otro carril.
b) El reemplazo de Moyano en la CGT estará cargo de dirigentes mas jóvenes, que mas allá de aceptar los fondos seguirán muy atentos a lo que pase con el clima social en materia de reclamos. Nada les interesa menos que perder espacio cómo dirigentes a mano de sectores aparentemente mas combativos.
En este marco el Gobierno insistirá en buscar modificaciones en el sistema de ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) El propio Presidente la semana pasada y Marcos Peña en los últimos dias insistieron en el tema. Según datos propios la alta litigiosidad tiene un costo de 5000 millones de dólares anuales y los reclamos empresariales en ese sentido son permanentes. La pregunta es si hay tiempo y espacio para avanzar con algún proyecto de ley en este sentido. Pronóstico difícil. Cuando los gremios impulsaron hace poco una ley contra Despidos el Gobierno se quedó sin aliados en Diputados y Senadores y el Ejecutivo tuvo que terminar vetando el proyecto. En este caso podría haber algún guiño del Frente Renovador. Este bloque, de la mano de De Mendiguren, insiste siempre en favorecer a las PYMES y no está descartado que acompañe alguna modificación. La empresa de convencer a Pichetto en el Senado parecería mas ardua.
La otra cuestión que observan el Gobierno, los sindicatos y la oposición es el reloj del Congreso. Hasta aqui, renovadores e integrantes del Bloque PJ han acompañado varios proyectos oficiales pero el noviazgo se complicará mucho a medida que avance el año calendario. Hay espacio y tiempo para impulsar una ley cómo esta? Puede alcanzar con un DNU del Ejecutivo?
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