miércoles, 18 de noviembre de 2026
 
 
     
La Justicia no le devuelve el celular a Grabois

El juez federal rechazó restituirle el teléfono para analizar si dio órdenes durante la violenta ocupación del Instituto Perón.

La situación judicial de Juan Grabois se complica de manera sostenida. El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolverle el celular que usó durante la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, episodio violento que derivó en su procesamiento. La decisión no es menor: implica que la Justicia considera ese dispositivo una pieza clave para determinar si Grabois lideró u organizó el ingreso de militantes al edificio, lo que elevaría su responsabilidad penal de participante a instigador. El caso concentra varias aristas judiciales simultáneas. Por un lado, la cámara federal rechazó un recurso de Grabois para elevar su apelación del procesamiento a la Cámara Federal de Casación Penal, cerrando por ahora esa vía de escape. Por otro, el mismo tribunal avaló la realización de una pericia biométrica sobre el dirigente, herramienta que suele usarse para identificar presencia física en un lugar e involucración directa en los hechos investigados. El Instituto Perón no es un edificio cualquiera en la geografía simbólica del peronismo. Su toma por parte de militantes ligados a Grabois generó una disputa interna dentro del movimiento, con sectores que repudiaron la acción e interpretaron el episodio como una operación de fuerza para apropiarse de un espacio histórico. La violencia registrada durante el ingreso fue el eje que habilitó la intervención judicial. Desde una perspectiva política, el avance de la causa tiene un doble efecto sobre Grabois. Hacia afuera del peronismo, lo posiciona como figura en colisión con el sistema institucional, narrativa que él mismo suele cultivar. Pero hacia adentro, el episodio revela tensiones con sectores del propio campo popular que no convalidaron la toma e incomodan con la judicialización resultante. La retención del celular es, en términos probatorios, una señal de que la investigación no se orienta solo a establecer quién estuvo presente, sino quién comandó. Esa distinción es jurídicamente determinante: pasar de imputado como participante a procesado como instigador implica una calificación más grave e impacta directamente en las posibilidades de una eventual condena. El rechazo a la vía casatoria cierra además el horizonte de resolución rápida que Grabois parecía buscar. Sin ese atajo procesal, la causa deberá recorrer el camino ordinario, con pericias e instancias que se acumulan. La pericia biométrica autorizada suma un instrumento técnico a un expediente que ya tiene peso político propio. En el mapa de la izquierda peronista e independiente, Grabois sigue siendo una figura con capacidad de movilización e influencia territorial. Pero cada avance judicial erosiona su capital como referente de causas sociales e instala sobre él la sombra de un dirigente que enfrenta consecuencias concretas por sus métodos de acción directa. La Justicia, por ahora, no cede.
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