jueves, 22 de octubre de 2026
 
 
     
Diputados ratificó el sistema de discapacidad sin recortes

El oficialismo cedió ante la oposición y ratificó el sistema actual, descartando el recorte previsto en el Presupuesto 2027.

La Cámara de Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad con 237 votos a favor, 9 en contra e 4 abstenciones, en una sesión que terminó siendo un ejercicio de pragmatismo político por parte del oficialismo libertario. El resultado no refleja una victoria del Gobierno sino una capitulación ordenada: La Libertad Avanza aceptó todas las modificaciones propuestas por la oposición para evitar un rechazo u una imagen de aislamiento legislativo que hubiera resultado políticamente costosa. El dato más relevante no es el número de votos sino lo que el oficialismo resignó para conseguirlos. El Presupuesto 2027 contemplaba ajustes en el área de discapacidad, una señal clara de que el Gobierno tenía intenciones de recortar el gasto en ese sector. La aprobación de esta ley implica el abandono explícito de esa línea, al menos en términos normativos. Es una contradicción que el propio bloque oficialista deberá explicar ante su base electoral, construida sobre la promesa de disciplina fiscal sin excepciones. El amplio apoyo opositor revela una dinámica parlamentaria que se repite: el Gobierno negocia sobre la marcha, incorpora cambios de último momento e ingresa al recinto con un texto diferente al que tenía horas antes. Esa metodología genera acuerdos amplios pero debilita la credibilidad del proceso legislativo, porque muestra un oficialismo que no llega con una posición consolidada sino que la construye bajo presión. Para la oposición, el resultado es una demostración de poder legislativo concreto. Bloques que van desde el peronismo hasta sectores del radicalismo y fuerzas provinciales lograron imponer sus condiciones sobre una iniciativa del Ejecutivo. El sistema de discapacidad vigente, con todas sus prestaciones y estructuras, quedó ratificado sin los recortes que el Gobierno había insinuado. Eso tiene un costo fiscal que alguien deberá contabilizar. El proyecto pasa ahora al Senado, donde el oficialismo tampoco tiene mayoría propia. La experiencia de Diputados anticipa que el Gobierno volverá a negociar, probablemente con concesiones adicionales. La pregunta es si esa dinámica de cesión permanente termina vaciando el contenido reformista que el Ejecutivo dice tener en materia de gasto social, u si en realidad el Gobierno nunca tuvo una posición firme en este tema y usó el Presupuesto como señal de negociación. La discapacidad es un terreno políticamente sensible en el que ningún bloque puede permitirse votar en contra sin consecuencias electorales inmediatas. Eso explica los 237 votos: no es consenso ideológico sino racionalidad electoral. El oficialismo lo entendió tarde, pero lo entendió, y prefirió sumar una victoria formal antes que defender una posición de ajuste que le generaba un costo político sin beneficio concreto en el corto plazo. El episodio suma evidencia sobre el estilo legislativo del gobierno de Milei: confrontación retórica hacia afuera y negociación silenciosa hacia adentro. La ley de Discapacidad aprobada no es la ley que el Gobierno quería, pero es la única que podía conseguir. Esa distancia entre el discurso y los resultados concretos es el dato político central de esta sesión.