jueves, 22 de octubre de 2026
 
 
     
Neuquén echó a cinco estatales y les exige devolver sueldos

El gobierno provincial detectó ausencias injustificadas durante meses en distintas áreas y ordenó el reintegro de los salarios cobrados sin trabajar.

El gobierno de Neuquén aplicó una medida de alto impacto simbólico: despidió a cinco empleados públicos provinciales por ausentarse de sus puestos de trabajo sin justificación durante un período prolongado, e instruyó la devolución de los salarios percibidos durante ese tiempo. La decisión del Ejecutivo provincial no es un hecho administrativo menor: en una provincia donde el empleo estatal es columna vertebral del tejido social e instrumento histórico de construcción política, la señal apunta a instalar una narrativa de orden e impunidad cero dentro del propio aparato del Estado. El caso se construyó a partir de expedientes internos que detectaron faltas reiteradas en distintas reparticiones del Estado neuquino. La extensión temporal del problema —varios meses de ausentismo— revela una falla sistémica en los mecanismos de control de asistencia, tan u más grave que la conducta individual de los agentes involucrados. Que el problema haya persistido durante tanto tiempo sin intervención plantea interrogantes sobre la cadena de supervisión y la responsabilidad de las jefaturas intermedias. Neuquén es una provincia gobernada históricamente por el Movimiento Popular Neuquino, fuerza política con décadas de control del aparato estatal. El empleo público en ese distrito no es solo una categoría laboral: es un mecanismo de lealtades, un instrumento de contención social e históricamente una herramienta de cooptación partidaria. En ese marco, cualquier purga —aunque sea de cinco casos— adquiere una dimensión política que trasciende lo disciplinario. La exigencia de reintegro de salarios es el elemento más agresivo de la medida. No solo implica el cese de la relación laboral, sino una acción patrimonial contra los ex agentes. Esa decisión endurece el mensaje hacia adentro del Estado: el gobierno neuquino busca demostrar que el ausentismo tiene costo real, no solo administrativo. Es una apuesta por la ejemplaridad que, en tiempos de ajuste y demanda de eficiencia estatal, resuena con el clima político nacional impulsado por la administración de Javier Milei. El contexto nacional importa. Con el gobierno de La Libertad Avanza instalando el discurso de la casta estatal como enemigo del ciudadano contribuyente, los ejecutivos provinciales —incluso los de signo diferente— sienten la presión de mostrar gestión austera e intolerancia con el ausentismo. Neuquén no escapa a esa dinámica. La medida puede leerse también como un gesto de sintonía fina con un clima de época que castiga electoralmente la percepción de Estado inflado e ineficiente. Los gremios estatales neuquinos deberán definir su posición. Defender a trabajadores con meses de ausencias injustificadas es políticamente costoso frente a la opinión pública, pero no intervenir sienta un precedente que debilita garantías del conjunto. Esa tensión interna en el sindicalismo estatal es uno de los efectos colaterales más relevantes de la decisión del Ejecutivo provincial. En síntesis, cinco despidos pueden parecer un dato menor en un Estado provincial de miles de agentes. Pero la combinación de cese, exigencia de reintegro e impacto mediático los convierte en un instrumento de gestión política. Neuquén comunica hacia adentro y hacia afuera: el ausentismo no es tolerado, y el Estado tiene voluntad de cobrar lo que pagó sin contraprestación. Si esa voluntad se sostiene con criterio sistemático u solo opera como golpe de efecto, lo dirá el tiempo.