viernes, 23 de octubre de 2026
 
 
     
El DNU 70/23 expone las grietas del federalismo opositor

La negociación legislativa para sesionar contra el decreto de Milei revela cómo el clientelismo provincial desarticula a la oposición.

El intento de la oposición de reunir quórum para debatir la derogación del DNU 70/23 choca contra un obstáculo que no viene del oficialismo sino de adentro: legisladores de provincias que subordinan su voto a negociaciones con el Ejecutivo nacional. Hugo Yasky, diputado por Unión por la Patria y secretario general de la CTA, es uno de los protagonistas de esa pulseada interna, y su diagnóstico público sobre la lógica del toma y daca ilumina una fractura estructural que la oposición todavía no sabe cómo resolver. El DNU 70/23, firmado por Javier Milei en diciembre de 2023, desreguló en un solo acto centenares de normas que organizaban sectores clave de la economía argentina. Su alcance fue tan vasto que activó de inmediato el mecanismo constitucional de revisión legislativa. Sin embargo, el Congreso lleva más de dos años sin poder sesionar formalmente para pronunciarse, no por falta de mayoría aritmética sino por la imposibilidad de garantizar la presencia física de los bloques necesarios. Lo que Yasky describe como lamentable es, en rigor, una práctica histórica del sistema político argentino: los gobernadores del interior utilizan a sus legisladores como moneda de cambio frente al poder central. En el contexto del ajuste fiscal de La Libertad Avanza, esa lógica se potencia. Provincias con presupuestos comprometidos, obras paralizadas o fondos coparticipables en disputa tienen incentivos concretos para no antagonizar con el Ejecutivo, aunque eso implique convalidar por omisión un decreto de dudosa constitucionalidad. El oficialismo, lejos de ser un actor pasivo en esta dinámica, la administra con deliberada eficacia. La estrategia de Milei no requiere convencer a nadie de la bondad del DNU: le alcanza con mantener fracturada a la oposición el tiempo suficiente para que el decreto consolide sus efectos en la economía real. Cada semana que pasa sin sesión es una semana más de desregulación vigente, lo que genera hechos consumados difíciles de revertir incluso si la derogación llegara tarde. La movilización universitaria de los últimos meses aportó un elemento de presión externa que Yasky reivindica como factor de oxígeno para la oposición. Esa presión social funcionó en el pasado para forzar acuerdos legislativos, pero tiene límites claros: los gobernadores que negocian recursos para sus provincias responden a una racionalidad distinta a la de la calle. La tensión entre representación territorial y mandato popular se vuelve, en este escenario, casi irresoluble dentro de los marcos institucionales existentes. El cuadro expone además una debilidad propia del peronismo y sus aliados: la coalición opositora carece de conducción centralizada capaz de disciplinar a sus propios integrantes. A diferencia de cuando el peronismo era gobierno y podía repartir recursos para garantizar lealtades, hoy opera desde la oposición sin herramientas de cohesión efectivas. Yasky puede denunciar públicamente la situación, pero esa denuncia no produce quórum. Lo que está en juego no es solo la vigencia del DNU 70/23 sino la capacidad real del Congreso argentino de funcionar como contrapeso institucional frente a un Ejecutivo que gobierna por decreto. Si la oposición no logra resolver su propia fragmentación territorial, el resultado práctico es una delegación involuntaria de poder al Presidente, independientemente de lo que diga la Constitución sobre las atribuciones del Legislativo.