viernes, 9 de octubre de 2026
 
 
     
AySA: la privatización como campo de batalla política del Conurbano

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La ofensiva del peronismo bonaerense contra la transferencia al sector privado de la empresa de agua revela una disputa de fondo sobre el modelo de Estado.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, activó una señal de alarma política con su denuncia sobre la privatización de AySA: no habla solo de tarifas ni de obras, habla del corazón del conflicto entre el modelo libertario de Milei y el peronismo territorial del Conurbano. En ese cruce, el agua potable deja de ser un servicio y se convierte en trinchera. AySA es hoy una de las empresas públicas más grandes del país, con cobertura sobre más de quince millones de personas en el área metropolitana. Su eventual transferencia al sector privado implica redefinir quién garantiza el acceso al agua en los territorios más densamente poblados y, al mismo tiempo, más postergados en materia de infraestructura sanitaria. El Conurbano profundo —donde los déficits de red son históricos— es el escenario donde esta disputa tiene consecuencias más concretas y más urgentes. Gray es un actor con peso propio dentro del peronismo bonaerense. Su municipio concentra zonas con altísimos niveles de vulnerabilidad social y una cobertura de red todavía incompleta. Desde esa posición, su advertencia sobre el congelamiento de inversiones no es solo un argumento técnico: es una construcción política que lo posiciona como defensor territorial frente a un gobierno nacional al que el peronismo intenta mostrar como ajeno a las necesidades del interior del GBA. El argumento central de Gray —que las empresas privadas no invertirán en sectores sin rentabilidad garantizada— tiene respaldo en la historia reciente. La experiencia de los noventa con Aguas Argentinas mostró que la lógica de mercado tiende a concentrar inversión en zonas de mayor densidad y capacidad de pago, dejando rezagadas las periferias. Esa memoria histórica es el insumo político más poderoso que tiene el peronismo para instalar el debate en términos de justicia social. Desde el gobierno de Milei, la privatización de empresas públicas se enmarca en una narrativa de eficiencia, eliminación del déficit fiscal y reducción del Estado. AySA no escapa a esa lógica. Pero la particularidad del agua como bien esencial hace que el argumento libertario encuentre resistencias incluso dentro de sectores que apoyaron el ajuste en otras áreas. La privatización de servicios esenciales activa sensibilidades que el recorte del gasto en otras partidas no necesariamente despierta. La denuncia de Gray también debe leerse en clave electoral. El peronismo bonaerense está en plena recomposición de su identidad opositora y necesita causas concretas que le permitan diferenciarse en el territorio. El agua, las obras de saneamiento y las tarifas son temas que impactan directamente en la vida cotidiana de los votantes del GBA, donde el peronismo compite palmo a palmo con La Libertad Avanza en un escenario de fragmentación creciente. Lo que está en juego en este debate no es solo la gestión de una empresa de servicios: es la disputa por la narrativa sobre el rol del Estado en la provisión de derechos básicos. El peronismo apuesta a que AySA sea el símbolo de lo que se pierde con el modelo de Milei. El gobierno apuesta a que sea el símbolo de lo que se gana en eficiencia. Ese choque de relatos definirá parte del clima político de los próximos meses en el Conurbano.